La comisión de investigación sobre los expedientes de infracción tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital malagueña entre los años 2006 y 2016 ha quedado constituida este jueves y estará presidida por el viceportavoz de Ciudadanos (Cs), Alejandro Carballo. El vicepresidente será el socialista Sergio Brenes.
Este órgano se crea tras el acuerdo de pleno para dilucidar los expedientes de infracción sin tramitar o caducados en la GMU durante once años ya que entre 2006 y 2016 se registraron unas 7.000 infracciones urbanísticas.
El edil de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha propuesto a Carballo como presidente porque "no ha presidido ninguna comisión" y a Brenes como vicepresidente "porque es consejero --de la Gerencia-- y es uno de los que tiene más experiencia y trayectoria en temas de urbanismo, una materia árida y con términos que necesitan conocimiento". Además, ha puntualizado que el responsable de la citada comisión podrá "apoyarse en él".
Esta propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Málaga Ahora, que se ha abstenido. Su portavoz, Ysabel Torralbo, ha indicado que ella también es "consejera de Urbanismo y nunca ha presidido una comisión", asegurando que se siente "ignorada" en el trabajo que realiza.
Brenes ha planteado a Torralbo cederle la vicepresidencia de esta comisión de investigación para que los nombramientos salieran por unanimidad. "Confiamos en cualquier miembro de esta comisión", ha señalado. Finalmente la propuesta ha quedado como se ha planteado al principio.
Se ha acordado en esta primera convocatoria que la comisión tenga carácter "no permanente" y un máximo de cuatro sesiones, sin contar la de constitución y la de conclusiones. Pese a que en principio la periodicidad sería quincenal, se ha acordado su celebración mensual y que la información esté disponible siete días naturales antes y no 48 horas.
De esta manera, se celebrarán sesiones en los meses de junio, julio, septiembre y octubre, además de la de conclusiones en noviembre. En este punto, el concejal de Vivienda y Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha expuesto que sean cuatro sesiones máximo y que si no es necesario porque ya se ha abordado todo lo necesario, no se agoten esas cuatro.
CADA GRUPO PODRÁ COMPARECER
Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría General del Ayuntamiento, en cada sesión habrá una comparecencia máxima por grupo, además de la del edil no adscrito, según ha indicado el presidente de la comisión.
Al respecto, el vicepresidente y Pomares han indicado que lo ideal sería dos comparecientes por sesión para ver "con más detenimiento las cuestiones". En este sentido, Carballo ha replicado que sería lo deseable para poder ahondar en los asuntos a tratar pero es algo que se deberá consensuar antes de cada sesión dado que la Secretaría recomienda una intervención por grupo.
La comisión de investigación, aprobada por todos los grupos de la oposición en el pleno del pasado mes de marzo, tras una moción de Málaga para la Gente, está formada por seis concejales del PP (Francisco Pomares, Teresa Porras, Elvira Maeso, Francisca Bazalo y María del Mar Martín Rojo); tres del PSOE (Daniel Pérez, Sergio Brenes y Lorena Doña); y uno por Málaga Ahora (Ysabel Torralbo); Cs (Alejandro Carballo), Málaga para la Gente (Eduardo Zorrilla) y el edil no adscrito (Juan José Espinosa).
Pomares ha recordado que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha puesto a disposición de los grupos "toda la documentación", así como una guía breve y los más de 11.000 expedientes de 2006 a 2016 para que puedan ser consultados.
Al respecto, el edil también ha advertido de que los datos incluidos en los expedientes no pueden cederse a terceros ni darles publicidad; de hecho, ha informado de que la Gerencia de Urbanismo ha remitido a la Asesoría Jurídica documentación ante la publicación de algunos de estos datos "por si ve conveniente llevarlo a la Fiscalía para ver si es constitutivo de delito".
Esta comisión de investigación es la tercera en este mandato sobre asuntos de gestión del PP, ya que se han llevado a cabo la relacionada con la empresa mixta de limpieza, Limasa, y la relativa al fallido Museo de las Gemas.
Supone la cuarta en la trayectoria democrática del Ayuntamiento de Málaga, ya que a las anteriores hay que sumar la que abordó el denominado 'caso Paidemaco', una cooperativa de viviendas promovida por dirigentes del PSOE y de UGT.
