Agentes de la UDEF de la Policía Nacional registrarán a lo largo del día 22 ayuntamientos, entre ellos el de Vélez-Málaga, y requerirán documentación a otros 18, además de a la Diputación de Alicante, en una operación en la que ya hay varias personas detenidas, incluido el empresario José Luis Ulibarri y un asesor de Ciudadanos.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en una nota de prensa de la operación Enredadera que lleva el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona para investigar posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
Fuentes policiales han informado a Efe del arresto del empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.
Se han producido más arrestos, entre ellos de alcaldes, concejales y policías locales, y se espera que el número de detenciones alcance las sesenta.
El juzgado ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares de toda España para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales).
Esa empresa habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En concreto, el juzgado ha autorizado la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.
También registrará la Policía los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.
Además, por orden del juzgado, la Policía requerirá documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.
También lo hará en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).
El dispositivo, en el que participan 580 policías, investiga posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
Declaraciones del alcalde
El alcalde de Velez-Málaga, Antonio Moreno (PSOE), ha dicho hoy que no hay "ningún motivo de preocupación" en relación a la operación contra la corrupción en varios ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.
Moreno ha afirmado a los periodistas que no tiene constancia de que "se hayan realizado o se vaya a realizar alguna detención" en esta actuación policial, por la que la Policía Nacional registra desde primera hora de la mañana el área de Contratación del Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local.
Ha explicado que la Policía ha informado de que iba a registrar el Ayuntamiento y que necesitaba la colaboración del gobierno municipal para acceder a documentación, aunque desconoce qué tipo de expedientes buscan los investigadores.
"Se la hemos facilitado como no podía ser de otra manera, ya que no tenemos nada que ocultar", ha manifestado a las puertas del Consistorio el alcalde, quien ha asegurado que no hay "ningún motivo de preocupación porque no hay necesidad de ello y tenemos -ha subrayado- la conciencia muy tranquila".
El PSOE gobierna en Vélez-Málaga desde los comicios del 2015 mediante un acuerdo con el Partido Andalucista y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) y un concejal no adscrito que formó parte de Ciudadanos.
Cuatro agentes de la Policía Nacional controlan la entrada de los ciudadanos a las dependencias donde se encuentran los investigadores, en cuyo interior desarrollan su labor los trabajadores municipales.
En esta operación se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
