Alegan a la declaración de interés cultural de rehalas y monterías

Es un secreto a voces, según han denunciado repetidamente las asociaciones animalistas, que en el ámbito de la caza se “perpetúa el maltrato a los perros a los que se tiene sin chip identificativo, en condiciones muchas veces infrahumanas”, como han constatado por ejemplo en la Protectora de Málaga, “hacinados y atacados por plagas de parásitos”; también, “se les castiga con maltrato o la muerte cuando no son útiles, o se les abandona sin responsabilidad alguna cuando ya no se les puede sacar provecho”, circunstancias que han llevado a diversos colectivos de Málaga a alegar contra la declaración de Bien de Interés Cultural que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía pretende hacer con las rehalas de perros y las monterías.

Así, las Asociaciones de TIDUS (Federación de protectoras de la provincia de Málaga) Ecologistas en Acción de la ciudad de Málaga, la Asociación Ciriana y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas presentarán este viernes alegaciones a la declaración de BIC de rehalas y monterías que pretende llevar a cabo la Junta de Andalucía.

Desde lo colectivos alegantes han señalado a Viva Málaga que “entendemos que semejante declaración apoya y blinda una actividad que no solo carece del más mínimo interés cultural, sino que propicia la muerte de animales libres y silvestres, destroza los ecosistemas y es la segunda causa del abandono de perros y de la masificación de los refugios”.

Además, los citados colectivos advierten de que “la caza con perros está prohibida prácticamente en toda Europa”.

A juicio de Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Málaga no se entiende que un colectivo “tan pequeño” como el de los cazadores puede restringir el uso del campo andaluz de manera que cuando haya veda o la Junta determine que se pueda acotar el campo. No comprende que “si quieres pasear y estas en época de veda no puedes, porque todo el campo andaluz está cortado por los cotos de caza”.

Las alegaciones de los colectivos apuntan a posibles ilícitos administrativos y penales. Por un lado, recuerdan que el Estatuto de Autonomía Andaluz habla del derecho a pasear libremente y disfrutar de la naturaleza que los cazadores cortan.

También entienden que es una actividad que conlleva muchas posibles sanciones a causa “del maltrato evidente del las rehalas, el abandono de los perros que no sirven, que se cuelgan o se tiran a los pozos”, algo que “se sabe que ocurre, no lo inventamos nosotros”, asegura Manzano.

Pone además especial énfasis en el hecho de que la normativa europea ha prohibido el uso de perros en la caza lo que hace que “nos estemos convirtiendo en el coto de Europa”, ya que “todo el que quiere cazar con perros y no puede, se viene aquí”.