La abogada de la familia del migrante fallecido en 2017 en la cárcel de Archidona (Málaga), cuando era utilizada como centro de internamiento temporal, ha lamentado que la instrucción practicada hasta ahora "resulta del todo insuficiente", debido a "la imposibilidad de poder practicar diligencias, bien porque fueron denegadas o porque no se ha declarado la complejidad de la causa".
El Juzgado de Archidona ha tomado declaración este lunes a varios testigos dentro de esta causa; en concreto, un policía que no pudo acudir anteriormente y dos médicos que asistieron al migrante en esos momentos. Queda pendiente la citación de otro facultativo.
Estas declaraciones son fruto de lo acordado por la Audiencia provincial cuando ordenó reabrir el caso y realizar una serie de diligencias de prueba para "aclarar todas las circunstancias que rodearon a la muerte", después de que el juzgado hubiera archivado la causa al considerar que se trató de una muerte "de naturaleza suicida".
La abogada de la familia, personada como acusación particular, Amanda Romero, ha asegurado que "a medida que se van llevando a cabo diligencias de investigación se constata una atención deficitaria, una carencia de medios materiales y humanos en ese momento y que no se había aplicado ningún protocolo de prevención de intento de autolisis, ni de exploración médica cuando el ingreso del interno, como marca la legislación".
Además, ha indicado en declaraciones a Europa Press que "se ha reconocido que la primera atención facultativa se hizo sin traducción" y ha indicado que "se ha venido a confirmar que se produjo una situación de aislamiento durante 18 horas en el caso de este interno, sin ningún tipo de vigilancia, el único control era con cámaras en el pasillo".
La abogada ha señalado que "a nuestro juicio hubo irregularidades", aunque ha apuntado que "el alcance de dichas irregularidades habría que determinarlo mediante nuevas diligencias que han sido solicitadas pero no acordadas y que no sabemos si se van a poder practicar", ya que no se ha declarado la complejidad de la causa, "por, al parecer, haberse extraviado la petición del ministerio fiscal".
Ha explicado que al no estar la causa declarada compleja, "no se pueden practicar más pruebas en la instrucción que no fueran acordadas en su momento" por la Audiencia provincial cuando reabrió la causa. Así, Romero ha indicado que "habrá que clarificar con Fiscalía en qué ha consistido ese extravío y la causa" y ha apuntado que están a la espera "de lo que resuelva el juez" al respecto.
Desde que la Audiencia malagueña ordenó reabrir el caso, se han practicado en el juzgado otras declaraciones de testigos, en concreto la del director de las instalaciones en ese momento, la de uno de los agentes que custodió al joven hasta la habitación, y de otro médico.
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