El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar el próximo 16 de julio una vista para analizar los recursos presentados contra la sentencia del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), según han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal. Son más de 50 las partes --entre acusados y acusaciones-- que han recurrido.

   Tras casi dos años de juicio, la Sala de 'Malaya' condenó en octubre de 2013 a 51 personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impuso 11 años de prisión; a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.

   Contra esa resolución, la mayoría de los acusados, como Roca, Yagüe y la exedil Isabel García Marcos --no el exregidor Julián Muñoz--, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía han presentado recursos de casación. Los argumentos esgrimidos por los procesados son vulneración de derechos, como el de la presunción de inocencia, y quebrantamiento de forma.

   En el caso del ministerio fiscal, ha recurrido para pedir más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, tanto exconcejales como empresarios; instando, además, a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas por la Audiencia malagueña, de forma que se eliminen. Así, solicita que se aumente en 10 años la condena de Roca.

   Asimismo, el fiscal pide que en algunos casos se aumente la cuantía de las multas, pero considera que se debe eliminar de la sentencia "toda referencia a destinar los bienes decomisados e importe de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento", algo que el Tribunal de Málaga sí instó, al considerar que es una "irregular atribución de lo recaudado".

   La defensa de Roca, por su parte, ha pedido al Supremo una revisión prácticamente total del proceso, criticando la instrucción, desde el comienzo por el juez al que le correspondió hasta los registros y, por supuesto, las intervenciones telefónicas. Aunque se cuestiona fundamentalmente la sentencia dictada, también al Tribunal que se encargó del enjuiciamiento y el propio desarrollo del juicio.

   La letrada denuncia la "demonización" del proceso e insta a su nulidad y dice que el proceso no ha sido justo, solicitando el dictado de otra sentencia "motivada y sin contradicciones" y en la que no haya "predeterminación condenatoria". También pide la eliminación de hechos por los que no fue acusado y la nulidad por vulneraciones en el proceso.