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Viernes 15/11/2024
 
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Marbella

El consejero anuncia colaboración con el Ayuntamiento tras la anulación del PGOU

El consejero de Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, ha señalado que su departamento ya está en contacto con el Ayuntamiento de Marbella para "ayudarlo", después de que la Sala III del Tribunal Supremo (TS) haya declarado nula de pleno derecho la revisión del PGOU.

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que su departamento ya está en contacto con el Ayuntamiento de Marbella para "ayudarlo", después de que la Sala III del Tribunal Supremo (TS) haya declarado nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del año 2010.

   En rueda de prensa en Sevilla, Fiscal ha querido ser "muy prudente", dado que las sentencias son recientes, se están estudiando y "hasta que no las conozcamos no nos vamos a pronunciar a fondo". No obstante, sí ha confirmado que Junta y Consistorio marbellí se verán de manera "inmediata" para buscar vías que den "seguridad jurídica" a los ciudadanos y al propio Ayuntamiento.

   Así, el consejero del ramo ha apelado a la "colaboración" con la corporación local y a la búsqueda "inmediata" de un marco que permita cierta seguridad, si bien para entrar en el fondo de las resoluciones, que analizan los servicios jurídicos, "vamos a esperar a conocerlas en profundidad para expresarnos con rigor y anunciar qué vamos a hacer al respecto, que algo habrá que hacer".

   En tres fallos hechos públicos este miércoles, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazaron sus impugnaciones contra dicha revisión.

   Las tres sentencias llegan a la misma conclusión de anular la revisión del PGOU marbellí por varios motivos, como que no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido; no cumplir las normas de evaluación de los efectos medioambientales y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

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