El principal condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, disfrutará de un permiso penitenciario ordinario de tres días después de que la Sección Primera de la Sala de lo Penal haya rechazado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de otorgarle esta salida de la cárcel.
Según explica en auto, los magistrados consideran que, a pesar del "gravísimo perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella" provocado por el condenado, Roca está colaborando para la liquidación de las "responsabilidades civiles".
Lo hace, "aunque sea con el patrimonio que le fue embargado, sin que conste que haya ocultado bienes en el extranjero", dice la Sala que añade que lleva más de diez años en prisión, ha asumido su responsabilidad, al menos aparentemente, tiene apoyo familiar, arraigo y buen comportamiento.
El pasado 14 de octubre la Fiscalía recurrió el permiso penitenciario otorgado a Roca por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Alegó que el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no había satisfecho aún 53 millones de euros que fue condenado a devolver en esta causa.
No obstante, la Audiencia Nacional considera que cumple los requisitos legales para obtener el permiso dado que está clasificado en segundo grado y ya ha cumplido la cuarta parte de su condena. Además, existe un informe favorable del equipo técnico y la Junta de Tratamiento de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde cumple condena, elevó también una propuesta positiva.
La Sala que ejecuta la sentencia del caso 'Malaya' acordó el pasado mes de mayo la acumulación de varias condenas firmes que ya tenía y la refundición de las penas impuestas, "fijando la pena máxima a cumplir" en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido.
HABÍA PEDIDO PERMISOS 18 VECES
Una refundición que el propio Tribunal de Málaga señalaba como un trámite "esencial" para poder acceder a beneficios penitenciarios, que no ha tenido hasta ahora. Roca había solicitado 18 permisos vía recursos y todos fueron denegados hasta que no se aclarase la situación de causas pendientes.
En la resolución del Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria, a la que tuvo Europa Press, se hacía referencia a esa acumulación y a ese límite máximo de 20 años fijado por la Audiencia de Málaga, que afectaba incluso a las causas pendientes, respecto del que ya habría cumplido una cuarta parte en agosto de 2010 y superado la mitad en agosto de 2015.
