Los grupos municipales de PP, OSP y PSOE en el Ayuntamiento de Marbella han aprobado en el pleno de octubre, que la Corporación ha celebrado este viernes, un convenio con el Ministerio de Hacienda que permitirá al Consistorio recuperar más de 2,7 millones de euros que ha ingresado el Tesoro Público procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firme. Los grupos municipales de IU y de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, se han abstenido.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha presentado la moción, ha señalado que la cuantía servirá para reforzar la imagen turística del municipio y ejecutar un plan municipal de aparcamientos que el equipo de gobierno abordará con el Consejo de Participación Ciudadana.
Con esta cuantía, el Ayuntamiento suma al presupuesto municipal más de 42 millones de euros en bienes e importes económicos procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firme, además de restituir "de forma clara la situación económica y moral que la ciudad necesita", ha señalado Muñoz.
El Ayuntamiento ingresó 12 millones de euros que entregó a finales de junio la Audiencia Provincial de Málaga, a través del juez José Godino, procedentes del caso 'Malaya' y 2,3 millones de los casos 'Saqueo I y II'.
El Ayuntamiento dedicará esta cuantía a construir una residencia pública de mayores, unas nuevas dependencias para la Escuela Oficial de Idiomas y una biblioteca y Escuela de Música y Danza en el núcleo urbano de San Pedro.
El Consistorio puede invertir los fondos a equipamientos públicos y no al pago de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social gracias a una disposición que contemplan los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Muñoz ha señalado además que "en el menor tiempo posible" el Ayuntamiento incorporará al inventario municipal propiedades valoradas en unos 25 millones de euros, entre las fincas La Caridad y Siete Corchones, un helipuerto, diferentes viviendas y una parcela ubicada junto al Hospital Comarcal Costa del Sol embargadas en procedimientos judiciales y que pertenecieron al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.
El pleno ha aprobado también de forma definitiva la ordenanza del taxi orientada a dotar al sector de seguridad jurídica y calidad en el servicio, ha señalado el concejal de Transportes, Félix Romero.
Además, la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad dejar sobre la mesa una moción sobre una modificación presupuestaria de 2,7 millones de euros para que el Ayuntamiento adquiera la totalidad del edificio que alberga la Delegación de Urbanismo y que pertenece a una sociedad de la que forma parte, entre otros, el alcalde del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano.
"Lo que viene por casos de corrupción no se lo podemos dar a condenados por el caso 'Malaya', como pretende hacer Ángeles Muñoz con la adquisición del edificio donde se ubica Urbanismo y que es propiedad del alcalde de Estepona y de Juan Hoffmann, huido de la justicia y condenado por dicha causa", ha señalado el portavoz socialista, José Bernal.
El concejal ha criticado también que el PP se haya opuesto a un plan de remodelación integral del Polideportivo Paco Cantos y a solicitar a la Diputación de Málaga fondos para financiar planes de empleo en Marbella.
El pleno ha dado luz verde por unanimidad a una propuesta de IU para revisar de oficio una concesión que el Ayuntamiento dio en 2004 a una empresa vinculada con el excomisario Villarejo, en prisión por su supuesta vinculación con la 'Operación Tándem'.
"Se trata de una concesión suculenta concedida a 75 años, de los cuales aún quedan por explotar 61, por el que la empresa paga un canon de 90.000 euros al año al Ayuntamiento y de la que se calcula un beneficio de más de un millón de euros anuales. Los tentáculos del gilismo aún tienen sus raíces profundamente enterradas en el suelo de Marbella", ha señalado el concejal de IU, Miguel Díaz.
También se ha aprobado en pleno ceder un local a una asociación de vecinos, el incremento de una subvención para la Fundación del Museo del Grabado, solicitar a la Junta de Andalucía un comedor para un colegio público, medidas de apoyo a las familias monomarentales y monoparentales y acuerdos contra la violencia machista.
