Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón por el dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York han pedido ayer que tres vocales del Poder Judicial se abstengan de deliberar sobre su suspensión porque mantienen “amistad estrecha” con el juez.

Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea reclaman que se abstengan los vocales José Manuel Gómez Benítez, Pío Aguirre y Miguel Carmona y subsidiariamente solicitan su recusación.

Según han informado a Efe fuentes del Consejo General del Poder Judicial, el escrito de Mazón y Panea será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que previsiblemente rechazará tal petición al no ser éstos parte en el expediente de suspensión.

La vocal del CGPJ Margarita Robles acordó ayer no participar en la tramitación de la suspensión de Garzón, quien había anunciado su intención de recusarla –al igual que al presidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y a la vocal Gemma Gallego– si no lo hacía.

ESPERANZA AGUIRRE

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado de “gravísimas” las escuchas de conversaciones entre abogados y clientes en casos no relacionados con el terrorismo y ha dicho que “comprende” que el juez que las autorizó tenga “abierta y aceptada” una querella en el Supremo.

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, manifestó ayer que la declaración institucional hecha por este órgano no ha sido una respuesta a las declaraciones de apoyo del presidente del Gobierno a Baltasar Garzón ya que “hablar bien de un juez” no supone un intento de presión.

Bravo se refirió a la declaración del CGPJ el pasado lunes para exigir “el máximo respeto” hacia la independencia de los jueces y tribunales españoles” y a las manifestaciones de Zapatero en las que, tras mostrar su respeto a la actuación judicial ante las querellas presentadas contra Garzón, destacó su valentía frente a ETA.

Ninguno de los vocales entiende –recalcó Bravo– que el hecho de hablar bien de un juez constituya una injerencia en la actuación judicial, sobre todo cuando se transmite a la sociedad el respeto a las actuaciones judiciales, ni suponga “un intento de presionar a nadie”.

Según Bravo, lo que pretendió transmitir el órgano de gobierno de los jueces con su declaración es que “necesitamos que el respeto institucional garantice la independencia del poder judicial”.