El pasado 28 de septiembre Pedreira acordó levantar el secreto de una parte del sumario en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas, entre ellas, Francisco Correa y su primo, Antoine Sánchez; el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; y Álvaro Pérez 'El Bigotes', el supuesto delegado de la trama corrupta en la Comunidad.
También figuran en la lista los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno, quienes iniciaron el procedimiento con la interposición de una denuncia. Además, aparece como imputado José Tomás García, el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
En la lista de imputados aparecen las principales empresas de la trama intervenidas por la Justicia; Easy Concept Comunicacion y Good & Better. Además, figura la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad de Madrid.
Entre otros, están en la lista el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el parlamentario autonómico Alfonso Bosch, el diputado autonómico y ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, el ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.
La semana pasada, con la posibilidad de que se declarara ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por el juez Baltasar Garzón entre los cabecillas de la 'Red Gürtel' y sus abogados en prisión, se pensó que se podría poner en peligro la totalidad del proceso en el que se investiga la trama al producirse la denominada Teoría de los frutos del árbol envenenado.
Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebró hoy el cuarto día de deliberaciones sobre los recursos interpuestos contra las intervenciones de comunicaciones ordenadas por el juez Garzón. En los últimos encuentros, la falta de consenso entre los magistrados Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández de Castro ha impedido alcanzar un acuerdo sobre la validez o impugnación de las escuchas teléfonicas.