El número de heridos en las protestas antigubernamentales de este sábado en la ciudad peruana de Juli (sur) subieron a 16, incluido un adolescente, en una jornada donde los manifestantes atacaron y quemaron la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) en esa localidad.

La población de Juli reaccionó a la decisión de la Policía de dispersarlos con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros y un grupo se dirigió a la comisaría para atacarla con piedras y prenderle fuego.

El Ejército también salió a las calles a controlar a los manifestantes, pero los militares fueron rodeados en una villa y atacados por algunos grupos.

La Defensoría del Pueblo informó este sábado de que había verificado 16 heridos, diez civiles y seis militares, a raíz de los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas del orden por el incendio de la comisaría.

La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.

Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados en brazos fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos.

DEFENSORÍA PIDE CALMA

La Defensoría hizo un "llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli" y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.

Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, en Puno, detalló que siete de los heridos son atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, entre los cuales hay un menor de 13 años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho.

El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, pidió al gobierno y las fuerzas armadas y policiales a no reprimir a su pueblo, y "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", según un comunicado compartido en las redes sociales.

MARCHAS TAMBIÉN SIGUEN EN LIMA

De otro lado, en Lima, la marcha convocada en el centro de la capital se dividió en varios grupos porque la Policía impidió que avancen hacia el Palacio de Gobierno o el Congreso, y también recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales llegaron desde las regiones sureñas de Puno o Apurímac.

Desde diciembre pasado, cuando estallaron las protestas después del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, han muerto 70 personas a raíz de las manifestantes.

Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. 

La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. 

El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.