El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), fue detenido ayer, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, en la que también fueron arrestados tres concejales oriolanos.

La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales han sido registradas.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que las investigaciones policiales que han derivado en los registros practicados podrían guardar relación con “un tema” de la adjudicación de servicios de recogida de basura en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja.

Tras prestar declaración, que no ha durado “más de diez minutos”, según sus abogados, Ripoll quedó en libertad, aunque sus representantes legales no precisaron si es “con o sin cargos” porque la investigación se halla “bajo secreto de sumario”.

Los efectivos policiales realizaron registros en el Palacio de la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares y de forma simultánea se personaran agentes de la Policía Nacional, han informado fuentes próximas a la investigación.

Paralelamente, los efectivos policiales desplegados en el consistorio oriolano realizaron otro registro y detuvieron a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medio Ambiente), quienes fueron trasladados a la Comisaría Provincial.

Abadía y Rodríguez Murcia salieron anoche en libertad tras prestar declaración.
Por su parte, el empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, se encontraba ayer en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias.

Ortiz, inmediatamente emprendió su regreso a Alicante, adonde llegó para colaborar con la policía.
Tras conocer la actuación policial, el president de la Generalitat, Francisco Camps, pidió “responsabilidad y prudencia”.