Esta mañana, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de Laiglesia, aseguró que el Gobierno ve “superado” el incidente con Marruecos, que acepta las explicaciones de ese país y que no contempla llamar a consultas a su embajador.
De Laiglesia explicó que el Ejecutivo da por buena la versión del Gobierno marroquí, ya que “carece de elementos para avalar las opiniones de los activistas”, a quienes no lesionaron los policías, sino “grupos que no eran partidarios” de la manifestación en favor del pueblo saharaui en la que participaban.
Según él, no hay elementos que avalen que las heridas fueron causadas por agentes marroquíes, como mantienen los once agredidos.
“Lo que está fuera de duda es que los activistas participaron en una manifestación ilegal en la que se produjeron una serie de altercados y como resultado de ellos, algunos tuvieron lesiones”, relató.
Mientras, los activistas de la asociación SaharAcciones denunciaron el comportamiento “vergonzoso” del Gobierno, que, en su opinión, no sólo ha traicionado al pueblo saharaui, sino también al pueblo español, que respalda en su gran mayoría la causa saharaui.
Los activistas retaron al Ejecutivo a que si quiere reconocer la legitimidad de la ocupación marroquí en el Sahara, “que lo diga”.
“No tenemos ninguna esperanza en el Gobierno español, confiamos en los ciudadanos libres, en la prensa libre y en que la presión internacional logre cambiar el rumbo del Sahara junto con la presión de los saharauis”, han
explicado.
Los activistas han recabado los partes médicos en los que se reflejan policontusiones pero sin daños internos, con los que acompañarán las denuncias que tienen previsto presentar ante la Subdelegación del Gobierno y, eventualmente, en los Juzgados.
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha “exigido” al central una “información detallada de los incidentes”, tal y como ha anunciado el presidente autonómico, Paulino Rivero, quien ha rechazado el trato que los activistas recibieron de las autoridades marroquíes.
El Gobierno de Canarias “ha rechazado siempre, y siempre va a rechazar”, el uso de la fuerza contra las personas desde la opinión de que los derechos humanos “hay que respetarlos en todas partes, aquí, allá, por arriba y por abajo”, declaró.
Desde el PSOE, su secretaria de Política Internacional, advirtió de que el Gobierno “difícilmente puede proteger” a los españoles en otro país si se dedican a “actividades que no son legales”, como participar en “una manifestación no autorizada”.