Riopedre, amigo personal del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, desde los tiempos en los que ambos militaban en la oposición antifranquista en Galicia, formó parte de sus distintos ejecutivos y en distintos cargos relacionados con la educación entre 1999 y agosto de 2010, mes en el que dimitió de su cargo de consejero por problemas de salud relacionados con la diabetes que padece.
Su detención e ingreso en prisión ha estado motivada por la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón desde hace once meses por una denuncia presentada por el Gobierno asturiano contra una funcionaria acusada de haber falsificado la firma de un director general con el fin de beneficiar con distintos contratos a una empresa de su propiedad.
En concreto, la denuncia fue presentada por el Gobierno asturiano el 19 de febrero de 2010 contra la funcionaria Marta Renedo, que fue detenida el lunes junto al exconsejero de Educación, la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras María Jesús Otero y los propietarios de dos empresas de material escolar y de oficina ubicadas en Oviedo y Gijón.
Según la portavoz del Gobierno asturiano y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, estas cinco detenciones son un "paso nuevo" en la denuncia efectuada por el Ejecutivo regional, que es el "primer interesado en clarificar todo este asunto".
Migoya, que ha evitado hacer declaraciones personales sobre el exconsejero, tan sólo ha confirmado que no había hablado con él y que cuando presentó el 4 de agosto su dimisión fue por motivos de salud y que se desconocía entonces que estuviese siendo investigado.
Más contundente ha sido el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Javier Fernández, que dos horas después de que fuese comunicada por el juez la orden de ingreso en prisión del ex consejero anunció que éste había sido suspendido de forma temporal como militante del partido.
Desde el PP el diputado regional Joaquín Aréstegui ha advertido de que la instrucción sobre corrupción por la que han sido detenidas estas cinco personas puede ser una parte de una trama más amplia.
Los populares han incidido también en la relación personal y política que unía a Riopedre y Álvarez Areces desde hace más de 30 años y han anunciado que exigirán explicaciones parlamentarias y que se aclare a dónde a ido a parar y a cuánto asciende el dinero que haya ser podido objeto de actuaciones irregulares.
Tras tomar declaración durante más de dos horas al exconsejero, la jueza de Instrucción número 4 de Gijón seguirá este miércoles con la toma de declaración de los otros cuatro imputados: la funcionaria Marta Renedo, los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, y la exdirectora regional María Jesús Otero.
Los delitos que se están investigando son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares.
