Según ha informado hoy la Policía, la red ahora desarticulada estaba asentada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y estaba dirigida por una mujer originaria de Bielorrusia, apodada "Victoria", que al parecer había regularizado su situación en España con un matrimonio fraudulento con un proxeneta español.
La organización ahora desarticulada gestionaba tres burdeles en Vilanova i a la Geltrú, uno en Calella (Barcelona), uno en Granollers (Barcelona), uno en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), uno en Salou (Tarragona), dos en Irún (Guipúzcoa) y uno en Vitoria.
Entre las víctimas de esta red figura supuestamente una chica de 18 años, con una minusvalía psíquica, cuya madre denunció que se había escapado de su domicilio y que estaba retenida en contra de su voluntad, siendo obligada a prostituirse en un club de Vilanova.
Posteriormente, la joven fue localizada en el barrio del Raval de Barcelona, ejerciendo la prostitución, por lo que fue acogida por una ONG, si bien la abandonó a los pocos días y fue posteriormente localizada en Madrid ejerciendo de nuevo la prostitución a cargo de una pareja de nacionalidad rumana, que fue detenida y que al parecer también forma parte de la red desarticulada.
En cualquier caso, la mayoría de las víctimas de esta red, entre las que también figura una menor de 17 años, eran captadas en su país con engaño y una vez trasladadas a Vilanova eran repartidas entre los diferentes burdeles que la red gestionaba en toda España.
Se da el caso, además, de que las hijas de la supuesta máxima responsable de la red, de 16 y 12 años, convivían en muchas ocasiones en el club con el resto de víctimas, por lo que ellas mismas se encargaban de recibir a los clientes.
Por este motivo, la Policía ha puesto a las menores a disposición de las autoridades de menores de la Generalitat, para que decidan sobre su guardia y custodia, ante la situación de riesgo e inseguridad en la que se encontraban.
Por estos hechos, la madre y su compañero sentimental están acusados también de un delito de corrupción de menores.
La investigación se inició a raíz de un aviso de Interpol-Bielorrusia tras la denuncia de una mujer que desveló que había sido captada en su país mediante engaño y trasladada a España con documentación falsificada en Lituania.
Una vez en Vilanova, la red supuestamente le retiró toda la documentación y le informó que había contraído una deuda de 7.000 euros con la organización, que debía saldar ejerciendo la prostitución, por lo que tuvo que estar ocho meses prostituyéndose para pagar la deuda, tras lo cual pudo abandonar a los proxenetas y regresar a su país.
En los registros de los burdeles, la Policía localizó en uno de los locales de Vitoria una caja fuerte con la documentación, dinero y efectos personales de una de las jóvenes explotadas.
Es precisamente en este local donde se ha podido determinar que una menor de 17 años fue obligada a ejercer la prostitución en el pasado.
Además, en los burdeles también se ha intervenido 18.000 euros en efectivo, 150 euros falsificados, un pasaporte y una carta de identidad lituana falsos, 200 gramos de cocaína, hachís y marihuana y abundante documentación relacionada con las actividades ilícitas.
Por todos estos hechos, los detenidos están acusados de los delitos de asociación ilícita, favorecimiento de la inmigración ilegal, relativo a la prostitución, contra la salud pública, corrupción de menores -en el caso de la principal responsable y su compañero- y amenazas.