Así lo ha acordado la sala especial del Supremo, integrada por 16 magistrados, tras reunirse durante unas dos horas, después de que ayer la Fiscalía registrara en el Alto Tribunal su demanda en la que pide al TS que impida que Sortu pueda inscribirse en el registro de partidos políticos, según han informado fuentes del Alto Tribunal.
El pasado jueves el Supremo admitió la de la Abogacía del Estado y acordó dejar en suspenso los trámites para su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tal y como prevé la Ley de Partidos.
En una providencia la Sala del 61, al igual que lo hizo con la de los servicios jurídicos del Estado, da traslado de la demanda de la Fiscalía a la Abogacía del Estado y a Batasuna -ya que ésta se presenta como un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a esta formación- y emplaza a Sortu para que pueda personarse en el procedimiento y formular alegaciones en el plazo de siete días.
Además, ha sido nombrado como ponente de este procedimiento al magistrado Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
Según fuentes del Supremo, previsiblemente cuando Sortu se persone esta demanda será acumulada a la del Gobierno.
La Fiscalía aporta como indicio decisivo de la continuidad y sucesión de Sortu con Batasuna la falta de una condena contundente a la violencia de ETA.
“La eficacia sanadora de una manifestación inequívoca, firme y definitiva de rechazo de la acción violenta no deja lugar a dudas”, admite el fiscal, que ha pedido al Alto Tribunal que resuelva en vista pública sobre la inscripción de Sortu y que impida que la nueva formación pueda desarrollar actividad política de ningún tipo.
En opinión de la Fiscalía, la única opción para que Sortu hubiera podido articular un proyecto político totalmente nuevo y diferente era haberse desvinculado de modo “explícito, claro y rotundo” de Batasuna y de los actos de terrorismo de ETA, algo que no ha efectuado.
Entre los nueve indicios de la conexión entre Sortu y ETA-Batasuna la Fiscalía incluye desde los estatutos de la nueva formación hasta la implicación de destacados miembros de la formación ilegalizada en la presentación del nuevo proyecto político.