Es por esta razón que el Partido Popular, como señala en un comunicado, reclama al Ejecutivo que dé instrucciones a las fuerzas policiales para que sigan recabando "los elementos de convicción" que prueben, dice, que en verdad todos los integrantes de las listas de Bildu "lo sean en nombre de la democracia y nunca en nombre y al servicio de la estrategia de ETA".
En la nota, el PP recuerda que en la nueva ley electoral hay vías para impedir la concurrencia electoral de la coalición si efectivamente queda demostrado que obedece a una estrategia de ETA.
Una de ellas es la interposición de un nuevo recurso ante el Supremo si durante la campaña electoral que este viernes ha empezado "se tuviera conocimiento de circunstancias que impidan la presentación de candidaturas". Indica el PP al Gobierno que tiene de plazo hasta el día 12.
Sin embargo, la posición oficial del partido que dirige Mariano Rajoy es la de respeto a la decisión de una "exigua mayoría" del pleno del alto tribunal, según destaca en la nota.
No evita eso que recalque en su comunicado que lamenta la decisión, sobre todo cuando el Supremo ya había declarado que Bildu es "una estrategia diseñada por ETA".
Tras decir que "valora de forma especial la posición de quienes han anunciado un voto particular", el PP insiste en que el TC ha dado pie a una "mala noticia", aunque "no definitiva", pues existen "vías sucesivas de impugnación".
"Por eso, el Partido Popular reitera la necesidad de desenmascarar cualquier fórmula fraudulenta que permita al brazo político de ETA o a sus coaligados eludir la Ley, concurrir a unas elecciones democráticas y obtener representantes en las Instituciones mientras ETA no abandone las armas", se dice en el comunicado.
Afirma que "la experiencia demuestra que, pese a la apariencia de distanciamiento de los candidatos, es ETA quien ejerce el control".
Además de los instrumentos citados para cerrar el paso electoral a Bildu, los populares remarcar que incluso con los electos ya proclamados, la ley electoral permite al Gobierno presentar una demanda de ilegalización del partido o de las fuerzas que integren la coalición.
Para ello hay que demostrar que "se han convertido en instrumentos de ETA".
También cabe solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de sus electos y evitar que tomen posesión.
Otra opción, insiste el PP, es la aplicación de "la incompatibilidad sobrevenida" de los cargos, una nueva figura de la ley electoral.
La dirección de los populares contaba con esta decisión del TC desde primeras horas de la mañana dado el nuevo juego de mayorías del alto tribunal, aunque sigue pendiente la renovación de la cuota que corresponde al Congreso.