Además de Bautista ha sido conducido a la Audiencia el director general de la SGAE, Enrique Loras, quien estaba previsto que declarase hoy junto al director financiero Ricardo Azcoaga.
También durante esta jornada está previsto que comparezcan ante el juez otros dos detenidos en la llamada operación Saga, mientras que el resto, los otros cuatro, lo hará mañana lunes.
Tras las declaraciones de hoy, el juez decidirá si cabe adoptar algún tipo de medida cautelar contra los cinco detenidos como la prisión o el pago de una fianza.
Los nueve detenidos han permanecido en dependencias de la Guardia Civil -la comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, ambas en Madrid- desde el pasado viernes, cuando fueron arrestados por los agentes encargados del caso que están analizando los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de la SGAE y otros inmuebles.
En esos registros, según señalaron a Efe fuentes de la SGAE, los agentes se incautaron de facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".
Los investigadores acusan a los arrestados de delitos societarios y apropiación indebida por haber creado presuntamente una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".
Entre los nueve arrestados figura el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.
También están detenidas otras cinco personas relacionados con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.
Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín.
En la operación han participado más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.