Fuentes judiciales indicaron a EFE que la sala de instrucción del Tribunal se pronunció en contra de la ejecución de la euroorden española contra Derguy "porque una parte de los hechos que se le reprochan se cometieron en territorio francés".
La Justicia española, en respuesta al Tribunal de Agen, había precisado que su orden se limitaba al intento de asesinato por el envío de una carta bomba a la empresa Pastas Arruabarrena, y no por su presunta vinculación con una furgoneta cargada de explosivos recuperada por la policía en la localidad barcelonesa de Castelldefels en julio de 1993.
Derguy, que estaba en libertad condicional desde marzo de 2008, fue arrestado el pasado 6 de julio en la ciudad de Cahors, en una operación en la que también participaron los servicios de información de la policía española, y fue puesto en libertad bajo control judicial una semana después.
Las fuentes precisaron que al hombre, de 50 años de edad, se le mantiene la libertad condicional pero se le ha levantado el control judicial, cuyo objetivo era garantizar su presentación en la audiencia.
Ese control implicaba que no podía salir del territorio francés y que tenía restricciones de su desplazamiento a varios departamentos del suroeste del país, la obligación de residir en Cahors (centro), donde tiene domicilio, y de fichar en la comisaría allí.
En una entrevista difundida hoy por el periódico galo "Libération", Derguy, que estuvo encarcelado en Francia 12 años por su implicación en la organización terrorista, afirmó que su entrega a España "habría creado un precedente para todos los militantes de la izquierda abertzale, susceptibles entonces de ser enviados al otro lado de un día para otro".
Si la Justicia francesa se hubiera pronunciado hoy a favor de la ejecución de la euroorden, se habría convertido en el primer ciudadano francés entregado a España con un mandato de arresto europeo.
En esa situación se encuentra ahora la exdirigente de Batasuna Aurore Martin, también de nacionalidad francesa, sobre la que pesa un dictamen definitivo del Tribunal Supremo de Francia para ser entregada a España, donde se la reclama para juzgarla por sus actividades entre 2005 y 2008 en ese partido ilegalizado.
Martin lleva meses en la clandestinidad para evitar su arresto y quedar en manos de las autoridades españolas, aunque desde mediados de junio ha hecho diversas apariciones públicas.