El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coincidieron ayer en considerar “asumibles” y ya en estudio la mayoría de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y creen que la amenaza de huelga no es un obstáculo para llegar a un entendimiento. 

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, que participan en la reunión de la comisión mixta Justicia-CGPJ en la que se ha abordado, entre otros asuntos, el manifiesto de las asociaciones judiciales, que convocarán una huelga el 26 de junio si no se atienden sus reivindicaciones. 

El secretario de Estado ha confiado en que el “conocimiento detallado” de todas las medidas que han abordado en esta reunión, “muchas de ellas puestas en marcha antes de este movimiento”, permita a las asociaciones judiciales considerar innecesarias las movilizaciones anunciadas. 

“Esperamos en general que se suavice la tensión que hoy se vive en la carrera judicial y que los anuncios de compromisos concretos como la creación de órganos judiciales, la modificación del sistema retributivo, del régimen de guardia pueda servir para que lo fundado que hay en esas reivindicaciones, que lo hay, encuentre esperanzas de solución”, ha recalcado Pérez. 

También la portavoz del Poder Judicial ha expresado su esperanza de que, a la vista del trabajo desarrollado, los jueces consideren que la huelga no es el cauce más adecuado para hacer visible sus reivindicaciones. 

Respecto a las reivindicaciones salariales de los jueces, Pérez admitió que el sistema retributivo debe ser modificado y ha señalado que, aunque no hay prevista ninguna subida diferente a la del 5% fijada en los Presupuestos, se ha llegado al compromiso de aumentar el pago de las guardias y de incentivar mejor las sustituciones. 

En este sentido, se ha planteado la posibilidad de que existan grupos de jueces dedicados exclusivamente a las sustituciones.