El presidente interino de Rumanía, Crin Antonescu, ha aprobado una ley para restaurar el requisito de una participación mínima del 50 por ciento para validar los resultados de los referéndum, cediendo con ello a las presiones de la Unión Europea (UE) de cara a la consulta popular que el país celebrará el próximo día 29 sobre la destitución del presidente, Traian Basescu.

   El pasado 6 de julio, la Unión Social Liberal (USL) del primer ministro, Víctor Ponta, destituyó a Basescu, su rival político, con el apoyo de todo el bloque oficialista y, de forma paralela, modificó la legislación sobre referéndum para que sus resultados sean válidos independientemente del nivel de participación.

   El Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la reforma legislativa y ordenó al Parlamento restaurar el requisito de la participación mínima, mientras que la Comisión Europea expresó su "profunda preocupación" por la situación en el país y realizó recomendaciones similares al Gobierno de Ponta.

   "He promulgado esta ley en línea con la decisión del Tribunal Constitucional", ha dicho Antonescu, al tiempo que ha anunciado que los legisladores analizarán esta semana el decreto gubernamental en el que también se elimina el requisito de la participación mínima.

   Además, el presidente interino ha descartado la posibilidad de que la consulta popular se prolongue dos días, tal y como propuso el pasado sábado el líder de la USL en el Senado y yerno del primer ministro, Ilie Sarbu.

   Antonescu ha adelantado que en los próximos días revisará otras medidas que se han adoptado en los últimos días y que han sido objeto de crítica de las autoridades comunitarias, aunque no ha aludido directamente a las recomendaciones de la Comisión Europea. 

   La vuelta al 'statuts quo' ha sido interpretada como una cesión del Gobierno ante las presiones de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que decidieron retrasar su visita a Rumanía para revisar la ayuda entregada al país hasta después de la celebración del referéndum.

   La disputa con la UE ha atenuado las expectativas de que el país escape finalmente este año al control al que han estado sometidos sus tribunales en el último lustro por parte de las autoridades comunitarias por su gran corrupción. Rumanía y Bulgaria son los únicos miembros de la UE sometidos a este control, lo que les mantiene fuera del Tratado Schengen.

"PARÁLISIS POLÍTICA"

   Por su parte, el primer ministro ha advertido de que, en el caso de que Basescu consiga el respaldo popular que necesita para revocar la decisión del Parlamento y seguir en la Presidencia, el país se enfrenta a una situación de "parálisis política".

   "No podemos cooperar", ha dicho Ponta en alusión a los legisladores de la USL, en una entrevista concedida a la cadena Realitatea, al tiempo que ha reiterado las acusaciones contra Basescu de abuso de poder.

   Así, el 'premier' ha considerado que, en este escenario, la mejor opción sería adelantar las elecciones generales previstas para el próximo otoño que, según apuntan los sondeos sobre intención de voto, podría ganar.

   Tras la promulgación de la antigua norma, las posibilidades de Basescu de ganar el referéndum se han incrementado, porque deja fuera a los rumanos que viven en el extranjero y la participación suele ser muy baja. En 2007, Basescu ya sobrevivió a una consulta popular sobre el mismo tema.