El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) advierten de que no consentirán que los compromisos que se alcancen para mejorar las condiciones laborales de los jueces les perjudiquen directamente. 

Así lo expresan en un comunicado conjunto emitido por estas dos asociaciones profesionales mayoritarias en el cuerpo de secretarios judiciales, en el que además demandan a las instituciones públicas el “tesón necesario” para avanzar en la mejora de la Administración de Justicia. 

“No consentiremos que se alcancen compromisos de mejora de las condiciones laborales de otros cuerpos de la Justicia que incrementen la discriminación que sufre nuestro colectivo y puedan perjudicarnos directamente, además de no contribuir de manera efectiva a la mejora del servicio público”. 

Tras la reunión mantenida esta semana por los representantes de las asociaciones judiciales con el ministro de Justicia, tanto el CNSJ como la UPSJ, entienden que la única solución viable para salvar a la Justicia de la “situación crítica” en la que se encuentra, es la efectiva y urgente instauración de la Nueva Oficina Judicial. 

Por último, convocan a todos los secretarios judiciales a que se reúnan en juntas o asambleas para, partiendo de estos argumentos, “continuar concienciando a la ciudadanía de la necesidad de perseverar en las reformas que modernizarán la Oficina judicial”.

Consejo General del Poder Judicial

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han comenzado a analizar la postura que tomará este órgano frente a la huelga de jueces convocada en algunas provincias para el 18 de febrero, aunque no adoptará un acuerdo formal hasta el próximo lunes. 

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los vocales mantuvieron ayer una reunión informal para tratar este asunto, cambio de impresiones que podría continuar hoy en la sesión plenaria del Consejo, aunque no figura en el orden del día del pleno, el último antes del 18-F. 

El Consejo esperará así a la reunión que mantendrá el próximo 2 de febrero con las asociaciones judiciales para ver cuál es su posición final, ya que “no está claro si es común o divergente”.