El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, defendió ayer en el Congreso las reclamaciones, a su juicio no corporativas, que llevaron a parte de la carrera judicial a secundar la primera huelga de jueces en España el pasado 18 de febrero. 

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia desde que asumió su cargo el pasado mes de septiembre, Dívar remarcó la necesidad de “remar todos juntos” para mejorar la Justicia y reclamó una “respuesta de Estado” para superar el colapso de los tribunales. 

Para el presidente del CGPJ la prestación eficaz de la Justicia no atañe en exclusiva a los jueces, sino que depende de todos los poderes del Estado, porque todos tienen como fin último el servicio al ciudadano. 

“El juez reclama, pero no reclama corporativamente, sino en beneficio de los intereses de la sociedad. El juez no elude su responsabilidad”, dijo Dívar tras indicar que “no puede extrañar” que algunos magistrados “se sientan indebidamente señalados” como responsables de la situación de deterioro de la Justicia. 

Respecto a las reivindicaciones de los jueces, Dívar comparte la necesidad de desarrollar de forma urgente la nueva Oficina Judicial, suprimir el ascenso forzoso, redefinir la carga de trabajo, racionalizar la interinidad y la asistencia jurídica gratuita, así como modernizar los juzgados con las nuevas tecnologías. 

Además, el presidente del CGPJ defendió que los jueces mantengan el control para señalar la fecha de los juicios y vistas, una facultad atribuida a los secretarios judiciales en la reforma procesal que se tramita en el Congreso y una de las principales reivindicaciones de la carrera judicial. 

Dívar, que presentó las Memorias del CGPJ de los tres últimos años, así como los datos más recientes sobre la situación de los juzgados y tribunales correspondientes a 2008, todavía provisionales, alertó también de la sobrecarga de trabajo que la crisis económica puede ocasionar en los juzgados. Por esa razón, instó al Ministerio a realizar un esfuerzo inversor, ya que –señaló– “es rentable invertir en Justicia” aún en momentos de crisis económica.

Aumento de la criminalidad

El presidente del CGPJ alertó ayer de las consecuencias de la crisis económica en los tribunales, entre ellas un “previsible” incremento de asuntos en la jurisdicción penal como efecto de un “nada descartable” aumento de la tasa de criminalidad. 

Dívar consideró también como “especialmente graves” las consecuencias de la crisis en el orden social –con un aumento de los procedimientos por despido–, y en el orden civil, en donde se han multiplicado los procedimientos provocados por situaciones de insolvencia empresarial y familiar. 

El fenómeno de la inmigración ha tenido también una influencia muy relevante en la jurisdicción contencioso-administrativa, en especial en los juzgados unipersonales, lo que, según Dívar, provoca sobrecarga de trabajo. 

Denuncias contra Garzón

Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo aseguró que “no podemos forzar ni los plazos ni el procedimiento sancionador” en la tramitación de las denuncias presentadas por el PP contra el juez Baltasar Garzón.

Así lo indicó Dívar después de que el portavoz de Partido Popular en la materia, Federico Trillo, le reprochara que el CGPJ hubiera archivado la denuncia de su partido contra el magistrado de la Audiencia Nacional por la cacería que éste compartió con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Dívar recordó que el PP ha presentado hasta cuatro denuncias contra el juez Garzón por su actuación en el caso Gürtel, de las que tres continúan en plazo de informes y no se han resuelto “en ningún sentido”.