Así lo acordó el tribunal, dado el estado de las deliberaciones, ante la posibilidad de que alguno de ellos quede absuelto, o que la condena que les sea impuesta sea inferior a la solicitada por la fiscal Dolores Delgado o que hayan cumplido ya la mitad de la pena que les vaya a recaer, lo que permite su excarcelación ante un eventual recurso ante el Tribunal Supremo.
No obstante, la sección segunda, que ha citado a los procesados para el 2 de abril –presumiblemente para notificarles la sentencia–, les ha impuesto la obligación de designar domicilio y comparecencias semanales ante la Sala.
Los nueve acusados a los que la Audiencia dejó ayer en libertad son: Kahled Abidi, para el que la fiscal pedía 14 años de cárcel; Tarek Hamed Hamu, Driss Belhadj y Yagoub Guemereg (9 años); Said El Mazmouzzi y Ridouane El Ouarma (7 años) y Bilal El Saiti, Mustafá Mohamed Abdeselam y Abdelmalik Abselam Amak (6 años).
Poco antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la fiscal retiró la acusación por delitos de terrorismo a dos de los catorce acusados, Aomar Hamed y Abdelbarie Dahane, aunque a éste le mantuvo su petición de 2 años de prisión por un delito contra la salud pública y rebajó su petición de pena a otros tres.
Al inicio de la vista oral, Dolores Delgado propuso a las defensas una reducción de la petición de las penas de cárcel si éstos reconocían los hechos, pero finalmente no alcanzaron un acuerdo, y la fiscal retiró su oferta.
En la operación Tigris fue desarticulada una organización dedicada a reclutar combatientes para Al Qaeda y de enviarles a Irak, entre ellos alguno de los presuntos autores del 11-M.
La fiscal sitúa el centro neurálgico de esta red en una vivienda de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que era llamada la Fortaleza de los Guerreros Al Kalaa, y cree que ahí era “donde se metía la idea de la yihad en el sentido de los atentados, de la lucha, de la violencia, de los ataques indiscriminados”.