Según fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha asumido la petición de la fiscalía y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para este imputado, acusado de cohecho, revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos oficiales.
La juez ha decretado asimismo prisión, eludible con una fianza de 15.000 euros, para el ingeniero industrial Joaquim Q, acusado de soborno y aprovechamiento de documentos oficiales indebidamente obtenidos.
Al parecer, el funcionario municipal y el ingeniero industrial están acusados de actuar de común acuerdo para forzar a dueños de establecimientos de ocio y de hoteles a que encargaran a Joaquim Q. una serie de proyectos de habilitación en sus locales.
La juez centró los primeros pasos de su investigación en la existencia de una supuesta red de corrupción policial, luego abrió una nueva vía al detectar una red de abogados y policías que extorsionaban a los prostíbulos y ahora la trama ha salpicado a funcionarios municipales por presuntas irregularidades en las inspecciones y en la tramitación de licencias municipales a otros locales de ocio e incluso a hoteles.
Hasta el momento, la juez ya ha enviado a la cárcel por esta causa a un ex jefe de la Ucrif de la Policía Nacional, a un inspector de este cuerpo, a tres responsables de los dos burdeles más grandes del área de Barcelona -el Riviera y el Saratoga, ambos en Castelldefels- y a este jefe de inspección y licencias del Ayuntamiento de Barcelona.
Además del jefe de inspección y licencias del Eixample, Manuel M., la juez ha imputado también a la secretaria técnica del distrito del Eixample, María Teresa G., que ha quedado en libertad con cargos, así como el dueño de un local de ocio, Carlos A., y un propietario hotelero.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, indicó este martes que la detención de estos funcionarios municipales supone un “caso aislado”, mientras que el Consistorio confirmó que se personará como acusación particular y abrirá expedientes administrativos a los imputados.
En la trama de sobornos, extorsión y connivencia entre burdeles, policías, abogados y funcionarios municipales han sido imputadas un total de 19 personas, de las que seis son mandos o ex mandos policiales, cinco son responsables de burdeles, tres son abogados, dos son funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, uno es ingeniero industrial, uno empresario del sector del ocio y otro un hotelero.