Hace tres décadas que una variopinta comisión de la verdad puso en manos del Gobierno de Raúl Alfonsín el primer informe con las denuncias sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar, dando a conocer a los argentinos y al mundo, por primera vez, el plan de exterminio sistemático ejecutado por los sucesivos gobiernos castrenses.
El 20 de septiembre de 1984 una multitud de 70.000 personas deseosas de Justicia se congregó en la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para acompañar la entrega del 'Nunca Más', el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), al primer presidente de la restaurada democracia argentina.
A su llegada a la Presidencia, gracias a un sufragio celebrado cuando el régimen castrense daba sus últimas bocanadas, Alfonsín ordenó vía decreto crear la Conadep, una comisión de la verdad inédita en ese momento en la región que tenía como principal cometido arrojar luz sobre los siete años de oscuridad del eufemísticamente llamado proceso de reorganización nacional.
Alfonsín encargó este titánico trabajo a 13 personas de orígenes muy diversos -juristas, académicos, científicos, religiosos y periodistas_ que, a las órdenes del escritor Ernesto Sabato, en nueve meses consiguieron acumular 50.000 páginas con las que documentaron "la tragedia más grande y la más salvaje de la historia de Argentina".
"Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional", explicaba Sabato en el prólogo, alertando ya de que lo registrado en este informe "va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad".
La Conadep fue la primera institución de la nueva democracia argentina en "probar la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976", cuando se produjo el golpe de Estado militar contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón.
"Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos" en los cuatro gobiernos militares que se turnaron en el poder.
PUNTO DE PARTIDA: 9.000 DESAPARECIDOS
La Conadep consiguió documentar un total de 8.961 desapariciones forzosas y la existencia de 370 centros de detención clandestina que operaron integrados en una red cuyos tentáculos se extendieron a todo el país bajo lo que Sabato calificó como "un silencio ominoso".
Los secuestros se realizaban con total impunidad, de día o de noche, en los lugares de trabajo y en las viviendas de las víctimas. Comandos armados les daban brutales palizas para meterlos en furgones y conducirles hasta instalaciones secretas "en cuya entrada podía haber inscritas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: 'Abandonad toda esperanza, los que entráis'".
"De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra - ¡Triste privilegio argentino!_ que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo", lamentaba Sabato.
Entretanto, en la sociedad argentina "iba arraigándose la idea de desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente de justificar el horror: 'Por algo será', se murmuraba en voz baja".
La lista de desaparecidos durante la dictadura militar argentina se ha ido engrosando a lo largo de estos años y compensando con los reencuentros familiares que organizaciones de Derechos Humanos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, han favorecido, recuperando a los hijos de aquellos "desamparados".
TERRORISMO DE ESTADO
'Nunca más' sirvió no solamente para recoger las denuncias de quienes durante años debieron callar, sino también para destapar los entresijos de un régimen criminal que construyó una maquinaria perfecta para eliminar todo atisbo de disidencia y que se alimentó del silencio cómplice del Estado.
La Conadep señaló como culpables, además de a los ideólogos y los brazos ejecutores de este plan de exterminio, a todos los civiles -desde médicos a funcionarios de la administración de Justicia_que con sus falsos informes y sus viciados fallos contribuyeron a tejer un manto de impunidad sobre los crímenes de la dictadura militar.
"Los Derechos Humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, y no violados de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. Esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores", afirmó la Conadep.
PILAR DE LA JUSTICIA
Las conclusiones de la Conadep plasmaron lo que la sociedad argentina había conocido, padecido y callado durante siete eternos años comenzando a construir así una memoria histórica que habría de tener su reconocimiento definitivo en el juicio a las Juntas que sentó en el banquillo a los represores.
'Nunca más' fue un documento fundamental para enjuiciar a los miembros de las tres juntas militares que gobernador la nación austral hasta la guerra de las Malvinas y que fueron condenados en una sentencia ejemplarizante en la que el dictador Rafael Videla obtuvo una cadena perpetua, la primera de la larga lista de penas que confeccionó en sus 87 años de vida.
"Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca más!", dijo Julio Strassera, fiscal del caso en su discurso de acusación.
La lucha por la Justicia no se completaría hasta la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, en 2003, cuando derogó las llamadas "leyes del perdón" promulgadas por gobiernos anteriores, con lo que permitió reabrir todas las causas judiciales archivadas en los convulsos años de la transición.
'Nunca más' fue el punto de partida de una larga trayectoria por el reconocimiento y la reparación a las víctimas de la dictadura militar que ha convertido a Argentina en ejemplo de la defensa de los Derechos Humanos, especialmente para muchos de sus vecinos regionales, que han visto morir a sus represores sin que se hiciera Justicia.
