El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, donde miles de civiles fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y así obtener beneficios, subió hoy de nivel con un informe de Human Rights Watch (HRW) que involucra a altos mandos.
"El rol de los altos mandos en 'falsos positivos'", como se conoce el caso en Colombia, es el título que lleva el documento de 105 páginas que ha convulsionado al país suramericano porque pone en tela de juicio a las estrellas militares.
Por ejemplo al general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército y uno de los artífices de la célebre y controvertida "Operación Jaque" que rescató a la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt, secuestrada durante seis años por las FARC en la selva, así como a cuatro estadounidenses y varios militares y policías.
Su reputación queda ahora en entredicho por el testimonio de un teniente coronel que aseguró ante la Justicia que Montoya "fue el principal motivador de los 'falsos positivos'" puesto que, siempre según esa declaración, exigía bajas para mostrar resultados de guerra.
HRW se basa en informaciones como ésta para indicar que hay evidencias que "sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de 'falsos positivos', e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente".
Montoya no es, sin embargo, el pez más gordo, pues también son señalados como posibles conocedores el general Jaime Lasprilla, actualmente comandante del Ejército bajo cuyo mando se cometieron 48 presuntas ejecuciones, y el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, ahora comandante general de las Fuerzas Militares.
El informe de HRW aborda el periodo entre 2002 y 2008, cuando se produjeron ejecuciones "generalizadas y sistemáticas" que dejan registrados 3.000 casos ante la Fiscalía de Colombia.
"Es difícil encontrar en América Latina un ejemplo similar al de los falsos positivos que demuestre el desprecio total por la vida y la dignidad humana por parte de un Ejército", destacó al presentar el documento en Bogotá el responsable de esta ONG para las Américas, José Miguel Vivanco.
Por estos hechos hasta el momento hay condenados unos 800 soldados, algunos oficiales de rango inferior, pocos mandos superiores y un número muy pequeño de coroneles, pero ningún general, por lo que el informe ha sido una bomba para las Fuerzas Armadas, que esta semana reciben a su nuevo ministro.
Luis Carlos Villegas es exnegociador de paz y titular de Defensa desde este mismo lunes cuando asumió la cartera con el encargo de adaptar las Fuerzas Armadas al eventual postconflicto que puede llegar si el Gobierno y las FARC alcanzan un acuerdo definitivo.
Entre sus principales colaboradores figuran Lasprilla y Rodríguez Barragán, a los que defendió hoy considerando que es "peligrosa" la tesis de que los mandos "se contagian de los delitos que los subalternos hayan cometido".
Sus palabras chocan frontalmente con la consideración de Vivanco, quien cree que aceptar que los crímenes fueron cometidos por soldados "sin que los hayan conocido" sus superiores "desafía criterios de la lógica más elemental".
Mientras, el presidente, Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, pidió a la HRW que no señale a los altos mandos "sin ninguna documentación" porque "esa no es la forma de vigilar por el respeto de los derechos humanos".
La ONG, que ha estudiado los "falsos positivos" en varios informes, quiere expandir el debate a Estados Unidos, donde cree que hay motivos para que autoridades de ese país pidan explicaciones a su Gobierno por ser "socios estrechos" en el terreno militar con Colombia, en palabras de Vivanco.
El responsable de HRW explicó que la colaboración entre ambos países "no fue un cheque en blanco", sino que se hizo con una serie de condicionamientos relacionados con el respeto a los derechos humanos que han sido "violados".
"Esto constituye una burla para la legislación que se ha aprobado y para aquellos senadores estadounidenses que en su momento expresaron su preocupación en esta materia e impulsaron mecanismos de control", apuntó Vivanco, quien dijo que han informado sobre esta investigación al Departamento de Estado, el Congreso y la Casa Blanca.