El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, expresó hoy su preocupación por la falta de avances en las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, un año después de la muerte de 22 personas a manos de militares en un enfrentamiento.
"A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias", declaró el experto en derechos humanos a través de un comunicado.
El 30 de junio del año pasado, 22 presuntos delincuentes perdieron la vida en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, la mayoría de ellos asesinados por soldados (15 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH), a pesar de que se habían rendido.
Según la versión inicial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los 22 supuestos miembros de una banda de secuestradores fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas.
No obstante, esa versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.
"Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados", apuntó hoy Heyns, quien además exigió a las autoridades que protejan a los testigos y familias de las víctimas, así como a los defensores de derechos humanos relacionados con el caso.
El relator instó además al Gobierno a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer ayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en el documento "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir".
Este fue integrado a partir de la información a la que la ONG accedió al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de los hechos y contiene un oficio militar en el que se apunta que los militares tienen la orden de "abatir delincuentes en horas de oscuridad".
A este respecto, el comunicado de la ONU indica que "las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario".
Según Heyns, las autoridades civiles "tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida".
"La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza", sentenció.