La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se acuerde la prisión y se dicte orden internacional de detención contra tres ex guardias de las SS –Johann Leprich, Anton Tittjung y Josias Kumpf–, que están imputados en una causa en la que se investiga una querella interpuesta contra ellos por varios supervivientes de campos de concentración nazis. 

El fiscal Pedro Martínez Torrijos hace esta petición al juez Ismael Moreno, instructor de la causa, en un escrito en el que les considera autores de un delito de genocidio en grado de cómplices por su actividad en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg en la Segunda Guerra Mundial, en los que se calcula que estuvieron prisioneros más de 7.000 españoles. 

Según los querellantes, estos tres ex guardias de las SS –supuestos miembros de la organización SS Totenkopf-Sturmbann (Batallón de la Calavera)– han residido en Estados Unidos, aunque este país les retiró la nacionalidad estadounidense tras conocer su pasado nazi.

La querella iba también dirigida contra un cuarto guardia nazi, Iwan Demjanjuk, pero la Fiscalía cree que “no procede de momento” acordar su detención al haber “tenido noticia de su entrega a Alemania”, sin perjuicio de que la investigación “exija” más adelante su imputación.

“La instrucción practicada hasta el momento -dice el fiscal- ha acreditado al menos indiciariamente la participación de los imputados en los hechos acaecidos” en los tres campos de concentración mencionados.

El fiscal destaca que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos por ser constitutivos de un delito de genocidio y porque “existe un elemento de conexión (...) al disfrutar las víctimas de la nacionalidad española”, ya que en el campo de Mauthausen estuvieron prisioneros más de 7.000 españoles, de los cuales murieron más de 4.300, al igual que en Sachsenhausen y Flossenbürg, donde también hubo miles de españoles entre 1942 y 1945.

Además cree acreditada “la condición de guardias Totenkopf y su actividad en los campos citados”, lo que, a su juicio, “determina la existencia de indicios racionales de participación, al menos a título de cómplices en un delito de genocidio”.

Destaca también que uno de los imputados, Josías Kumpf, admitió ser miembro del batallón de guardia de Sachsenhausen y que su función era vigilar a los prisioneros y evitar que escapasen, durante la vista celebrada en Estados Unidos para retirarle la nacionalidad.

El pasado 30 de marzo declararon como testigos ante Moreno dos víctimas españolas de estos hechos, Jesús Tello y Ramiro Santisteban, quienes relataron las penosas condiciones de vida en el campo de Mauthausen y “en especial la forma de actuar de todo el personal al servicio del sistema” nazi.

Ambos, según indica el fiscal, “describieron cómo actuaban los guardias Totenkopf, cómo todos tenían obligación de disparar, no sólo en caso de huida del prisionero, sino también tenían la facultad de ejecutar al prisionero si se acercaba a menos de seis metros del guardia”.

Tello tiene ahora 85 años y reside en Francia y fue uno de los 927 españoles que llegaron al campo de concentración de Mauthausen en un tren que partió de la ciudad francesa de Angoulême por orden del gobierno colaboracionista de Vichy.

Ramiro Santisteban, de 87 años, también llegó a este campo de concentración a los 17, deportado desde Francia con la connivencia del gobierno franquista.