La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reclamó hoy a la Corte Suprema la "nulidad" del proceso que mañana puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución.
La demanda, presentada en la víspera de que el Senado decida el futuro de Rousseff, fue dirigida al Supremo por el abogado general, José Eduardo Cardozo, y reitera los argumentos que la defensa ha esgrimido sin ningún éxito durante los últimos meses.
Uno de los principales apunta a un presunto "desvío de finalidad" cometido en diciembre pasado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la gobernante.
Según la Abogacía General, Cunha actuó por "venganza" debido a que el oficialismo le negó los votos necesarios para impedir que avanzara un proceso interno de la Cámara de Diputados que pudiera costarle el mandato por supuesta corrupción.
El documento entregado a la Corte Suprema denuncia esa "inmoral conducta" y sostiene que ese hecho le confiere a todo el proceso una "nulidad de inicio" que pide que sea reconocida por el tribunal.
Entre otros vicios, la demanda cita que muchos de los diputados que aceptaron las denuncias contra Rousseff habían manifestado su posición antes de la votación, lo que no podrían haber hecho pues actuaban como jueces y no como parlamentarios.
También protesta por el hecho de que, una vez que el trámite llegó al Senado y fue analizado por una comisión especial, no se le permitió a la defensa exponer su posición después de que fuera presentado el informe final, que recomendó procesar a Rousseff.
Esa alegación ya había sido formulada por Cardozo y desconocida por el Senado, que indicó que la defensa de la gobernante fue escuchada cuatro veces en esta etapa, que sólo se refería a decidir sobre la admisión de las demandas.
Según el Senado y la Cámara de Diputados, Rousseff tendrá todo el derecho a las más amplia defensa en la fase procesal, que comenzará si mañana la Cámara Alta se inclina por instaurar el juicio político y, con ello, suspende a la presidenta de su cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
Según fuentes judiciales, el recurso de Cardozo tiene muy pocas probabilidades de ser admitido.
De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, declaró ayer lunes que, hasta el momento, todo el proceso ha sido realizado dentro del más estricto marco legal, con una supervisión constante de ese tribunal.
