En un comunicado, el Ministerio señala que ese tribunal “ha dado la razón” al Estado español, por lo que EEUU deberá juzgar la reclamación interpuesta contra esa sociedad.
España reclama una indemnización de mil millones de dólares por parte de ABS por “su responsabilidad en haber certificado que el Prestige era apto para navegar”, aunque posteriormente el buque registró problemas el 13 de noviembre de 2002 frente a las costas gallegas y el 19 de noviembre el casco se partió en dos y se hundió.
Este tribunal respondió de este modo a las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado en enero de 2008, después de que un juzgado de Nueva York dictase una resolución por la que “se inhibía del conocimiento” de este asunto al “entender que los tribunales estadounidenses no eran competentes”, añade la nota.