Siete intérpretes permitirán que hoy los representantes autonómicos debatan con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en sus respectivas lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

Dos para el catalán, dos para el euskera, dos para el gallego y uno para el valenciano trabajarán, por turnos, en el desarrollo de la comisión, que permite el uso de estas lenguas desde que en 1994 el Senado modificara por primera vez su reglamento.

Un uso que se extiende también al debate del Estado de las Autonomías, el primer discurso del presidente del Senado, la publicación en el Boletín de las Cortes Generales de las actividades no legislativas y los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos a la Cámara.

Manuel Chaves comparecerá, a petición propia y del PP, CiU y del senador del Grupo Mixto José Manuel Pérez Bouza (BNG) para explicar las políticas generales de su departamento, sólo tres días después de que lo hiciera el ministro de Fomento, José Blanco.

Han pasado ocho meses desde que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, acudiera como titular de Administraciones Públicas a esta comisión el 23 de octubre de 2008.

Aquel día, durante las tres horas durante las que se prolongó su comparecencia, también participaron siete intérpretes contratados por la Cámara por un coste de 6.500 euros, una cifra que varía según la duración de la jornada.

El origen de la utilización de las lenguas cooficiales en el Senado se remonta a 1987, cuando se aprobó una moción para rehacer el reglamento de la Cámara Alta y mejorar la representación de las autonomías, propuesta que se volvió a plantear en 1989 y se concretó en la reforma del reglamento de 1994.

Fue el primer paso hacia su transformación territorial y permitió constituir en febrero la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde pueden intervenir los representantes de los gobiernos regionales.

Respecto a sus funciones, destacan las de realizar estudios sobre materias de naturaleza autonómica, informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que se tramite en la Cámara y pronunciarse sobre la autorización de las Cortes a acuerdos de cooperación entre las comunidades.