La senadora filipina Leila de Lima, la mayor opositora del presidente Rodrigo Duterte, fue detenida hoy tras entregarse a la Policía, un día después de que un tribunal emitiera una orden de arresto en su contra.
De Lima ingresó pasado el mediodía en una celda de las dependencias de Campo Crame, la sede de la Policía Nacional en Ciudad Quezón, indicó su abogado, Alex Padilla, a la cadena local ABS-CBN.
La senadora ha sido acusada de haber recibido sobornos de narcotraficantes y permanecerá bajo arresto a la espera de que el Tribunal de Muntinlupa (sur de Manila) dicte la fecha del juicio.
De Lima, que pasó la noche resguardada en el Senado de Manila, se había entregado por la mañana de forma voluntaria acompañada de sus abogados y políticos cercanos, y entre una nube de periodistas y cámaras que transmitieron en directo el suceso.
A su llegada a las instalaciones policiales, De Lima aseguró que se encontraba "bien" y que está preparada "psicológicamente" para el arresto, que atribuyó a una persecución política del presidente Rodrigo Duterte, según declaró por teléfono a medios locales.
Políticos afines a la senadora protestaron públicamente, entre ellos la vicepresidenta del país y compañera de partido, Leni Robredo, que calificó el arresto como "la última medida de una persistente campaña de acoso político", según el diario Inquirer.
"Los cargos contra ella surgen de una agenda política y no son resultado de un proceso legal independiente e imparcial", aseguró la vicepresidenta, un cargo que en Filipinas se somete a elección directa y en este momento ocupa una opositora al presidente Duterte.
Antes de ser detenida, De Lima, que fue secretaria (ministra) de Justicia entre 2010 y 2015, aprovechó para defender de nuevo su inocencia ante los medios.
"Es un honor ser encarcelada por la causa que defiendo", expresó, tras autodefinirse como una "prisionera política" y asegurar que "la verdad saldrá a la luz en el momento oportuno".
El tribunal, liderado por la jueza Juanita T. Guerrero, emitió el jueves la orden de arresto contra la senadora, su exguardaespaldas y su chófer a instancias de la acusación a cargo del Departamento de Justicia.
Según el ministerio, De Lima recibió durante su etapa al frente de Justicia grandes sumas de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.
La senadora se enfrenta a los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la "venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte" de drogas ilegales.
Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de entre 500.000 pesos (9.300 euros o 10.000 dólares) y 10 millones de pesos (187.000 euros o 200.000 dólares).
De Lima, que es una de las figuras más críticas con Duterte y principal látigo de su polémica "guerra contra las drogas", mantiene que el Gobierno ha manipulado pruebas y testigos para incriminarla.
La organización Human Rights Watch (HRW) sostiene la versión de la senadora y la semana pasada exigió a las autoridades filipinas la retirada de los cargos de corrupción al considerar que son una "venganza" por sus ataques a la campaña antidroga de Duterte que ha dejado más de 7.000 muertos en siete meses.
