Camps hizo ayer, en un acto oficial en Algemesí, su primera valoración del auto dictado este lunes por el magistrado que instruye en Valencia la investigación judicial del caso Gürtel, quien ha apreciado “indicios racionales” de delito de cohecho en su adquisición de prendas de vestir que fueron supuestamente pagadas por la empresa Orange Market.
“Estoy convencido de que la verdad está más cerca que nunca, por eso estoy muy contento”, dijo Camps en su discurso y ante numerosos medios de comunicación que se desplazaron hasta esa localidad valenciana.
El PP entiende que en ese auto “no hay prueba alguna de indicios de responsabilidad o culpabilidad” de Camps y que las alusiones al impago de los trajes figuran como “hipótesis”.
Revilla ha contestado que “regalar anchoas como presente institucional”, como él hace con Zapatero, entre otras personas, “no tiene nada que ver con vestirse por la cara”; calificó la comparación de Barberá de “absurda y ridícula”, y pronosticó que la alcaldesa “va de cráneo” si quiere establecer cualquier tipo de paralelismo entre él y “la trama corrupta que salpica al PP”.
Por su parte, el PSPV insistirá ante el TSJCV para que investigue otros delitos además del de cohecho, como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y financiación irregular de partidos, que podrían derivarse de contratos realizados por el Consell con motivo de la visita del Papa y la Fórmula Uno.
El grupo socialista en Les Corts ha pedido además la reunión de la Diputación Permanente para que ésta convoque un pleno donde analizar las consecuencias que puede tener la decisión del TSJCV, una petición que el portavoz parlamentario del PP, Ricardo Costa –también imputado por cohecho–, ve “sorprendente” cuando al PSPV solo le interesa “ejercer de juez”.
Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el silencio del Partido Popular sobre la situación de Francisco Camps es “difícil de justificar”.