El Gobierno dispondrá de seis meses para confeccionar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, facilitará la información a los familiares de quienes puedan ser identificados y contribuirá económicamente a las exhumaciones y traslados de los restos que sean reclamados por estas familias.

Así lo acordó ayer la Comisión Constitucional del Congreso, que aprobó mayoritariamente una proposición no de ley pactada entre Joan Herrera (ICV), la diputada de Na Bai, Uxue Barkos, y el grupo socialista, y que únicamente ha tenido oposición en el PP.

“Se facilitarán económicamente las exhumaciones, y en su caso se agilizará el traslado de los restos humanos cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos”, reza uno de los tres puntos de la iniciativa, que insta al Ejecutivo a adoptar varias medidas en relación con la basílica de Cuelgamuros.

Así, el Congreso insta al Gobierno a elaborar, en un plazo “máximo” de seis meses “un censo de las personas que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, especificando, cuando se conozcan, las identidades y sus lugares de procedencia”.

Además, la Cámara pide al Ejecutivo que facilite a los allegados y a los ciudadanos interesados, asociaciones e instituciones, “el conjunto de los datos disponibles sobre la inhumaciones de restos humanos” en este recinto, incluidas las identidades, si bien respetando las normas de protección de datos personales.

El texto aprobado procede de dos proposiciones no de ley que reclamaban la elaboración del censo presentadas por ICV y Na Bai, unificadas en una sola mediante la transacción con el PSOE.

Al defender su iniciativa, el diputado Joan Herrera recordó los casos de las familias que no han podido recuperar los restos de sus seres queridos incluso pese a estar identificados en la basílica y también de aquellos que han honrado a víctimas de la Guerra Civil en fosas donde en realidad no estaban.