Tras rubricar ayer en Bilbao el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para eliminar la simbología de ETA y de quienes amparan al terrorismo de los espacios públicos, Ares y Bildarratz coincidieron en exponer la relevancia del consenso logrado en el ámbito institucional vasco para evitar el enaltecimiento del terrorismo y para dar cumplimiento a la Ley de Víctimas.
Ares agradeció que, tras las discrepancias surgidas a lo largo del verano, cuando Interior puso en marcha este tipo de actuaciones, la actitud “dialogante” de los representantes municipales para buscar soluciones haya permitido finalmente “un acuerdo total” en el objetivo de quitar esos carteles que vulneran la ley y ofenden a las víctimas y en la manera de aplicarlo.
El consejero dijo que llevará para su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno del día 6 de octubre una partida “no inferior a 500.000 euros” con la que ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos de limpieza de pintadas y carteles, y que esta línea de ayudas se reflejará también los presupuestos de su departamento en años siguientes.
Ambas instituciones expusieron en dicho acuerdo que son “conscientes” de que “deben hacer uso de todos los medios" a su alcance para evitar que "las plazas, calles y fachadas de edificios de Euskadi” sean utilizados “por quienes justifican y amparan a los terroristas”.
Manifestaron su común objetivo de velar para evitar que se coloquen ese tipo de símbolos y que, en caso de detectarse, “desaparezcan a la mayor brevedad”, para lo cual la Ertzaintza y las Policías locales vigilarán para evitar las pintadas o la instalación de carteles.
El documento señala que los ayuntamientos deberán “explorar fórmulas tendentes a evitar la utilización de los recintos festivos” para mostrar ese tipo de pancartas cuyo contenido suponga la exaltación del terrorismo o el menosprecio de las víctimas.
De esta forma, los consistorios “pondrán especial atención a las bases que regulen la concesión de licencias para la instalación de txosnas” (casetas de fiestas).
En el caso de que se plantearan “problemas operativos” al cumplimiento de los objetivos del acuerdo y para “lograr una mejor coordinación y colaboración policial”, esas situaciones se tratarán en la Comisión de Coordinación de Ámbito Local, que pueden atender mejor a las “particularidades” propias de cada municipio.