En opinión de la directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, Sharon Camp, la conclusión principal que ha de extraerse del estudio es que “dar a las mujeres los medios necesarios para decidir por ellas mismas cuándo se quedan embarazadas reduce la incidencia de los embarazos no deseados y, por tanto, el número de abortos”.
A nivel global, el dato más positivo es que el número de intervenciones para interrumpir voluntariamente el embarazo pasó de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003, una reducción que los investigadores atribuyen, además de a la expansión del uso de distintos métodos anticonceptivos, a la progresiva liberalización de las leyes sobre el aborto en los últimos 15 años.
Sin embargo, preocupa especialmente que casi un 50% de los abortos practicados en 2003 se incluyen dentro de los denominados “clandestinos”, es decir, no contaron con la supervisión ni las garantías médicas adecuadas.
Según el estudio, cada año mueren en el mundo 70.000 mujeres al tratar de poner fin a su gestación por métodos poco o nada ortodoxos, en los que muchas veces es la propia implicada la encargada de provocarse el aborto.
Este tipo de prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, dos zonas geográficas en las que la ley es especialmente dura en este sentido y que, en algunos casos, no permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la madre.
Este es el caso de El Salvador y Nicaragua, dos de los tres únicos países del mundo que durante los últimos 15 años han endurecido la legislación sobre el aborto hasta prohibirlo bajo cualquier circunstancia.
El tercer país en cuestión es Polonia, que en 1997 reforzó la ley del aborto y permite la interrupción del embarazo con condiciones (malformación del feto, violación y riesgo para la madre), un recurso muy extendido en los países desarrollados, a medio camino entre la prohibición absoluta y su total liberalización.
En este amplio espectro se encuentra en estos momentos España, a la espera de la aprobación definitiva de la nueva Ley del Aborto, que establece la libre interrupción de la gestación hasta la semana 14 y sitúa en 16 la mayoría de edad para decidir si llevarlo o no a cabo y que ha suscitado en los últimos meses duras críticas por parte de los sectores más conservadores del país.
En este sentido, la doctora Kelly Culwell, asesora de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) mostró su apoyo a la reforma y explicó a Efe que “cualquier ley que haga más fácil y rápido el recurso al aborto seguro es buena”.
“Las leyes restrictivas sólo consiguen retrasar el proceso y hacer que el número de abortos durante el segundo trimestre se incremente, lo que supone un mayor riesgo para la salud de la madre”, indicó Culwell.
Además, en su opinión, la nueva ley evitará que muchas jóvenes se vean obligadas a huir a otros países para ser intervenidas, dando alas al conocido como “turismo abortista”.
En cualquier caso, la directora del Instituto Guttmacher asegura que el avance registrado en los últimos años en la mayor parte del mundo “es muy modesto en relación a lo que se puede alcanzar con una mayor inversión en políticas de planificación familiar”.
Por ello, reclama que legisladores, servicios sociales y sanitarios, empresas farmacéuticas y educadores pongan su grano de arena en un delicado asunto que amenaza la vida y la libertad sexual de millones de mujeres cada año.