Casi una veintena de afectados por el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa aseguró ayer a Efe que la inmobiliaria les ha recomendado denunciar a las cajas acreedoras para poder cobrar sus avales bancarios, en el caso de que la compañía no entregue las viviendas en el plazo pactado.


Así lo explicaron varios afectados de la promoción Parque Colmenar, en Colmenar Viejo (Madrid), después de mantener una reunión con la administradora concursal de Martinsa-Fadesa, Antonia Magdaleno, en la sede de la inmobiliaria en Madrid.


No obstante, la inmobiliaria aseguró ayer por la tarde en un comunicado que “en ningún caso se ha recomendado que se denuncie a las cajas para cobrar el aval”.


Según Martinsa-Fadesa, la compañía “ha informado a los clientes del procedimiento a seguir y del derecho que les asiste de acudir a los bancos garantes de las cantidades anticipadas para la compra de las viviendas, en el caso de que la compañía incumpliera los plazos de su entrega”.


Sin embargo, los perjudicados relataron por la mañana que la empresa les sugirió en su primera reunión con los afectados la posibilidad de acudir de forma conjunta a un bufete de abogados para obtener el cobro de los avales y trasladar posteriormente a las entidades financieras el coste de estos servicios jurídicos.


Los afectados denunciaron que la mayoría de las entidades financieras “están dando largas” a los perjudicados y no están devolviendo sus avales, con la única excepción de Caixa Penedès.


Estos compradores se quejaron de no conseguir la devolución de los avales contraídos con entidades como Caja Madrid, Caja Duero, Caixa Galicia y La Caixa.


No obstante, los afectados explicaron que la mayoría de los 56 compradores de esta promoción no cuenta con avales, de forma que “perderán todo el dinero que invirtieron”, que en muchos casos asciende a más de 100.000 euros por vivienda, si la inmobiliaria no les entrega los inmuebles que compraron.


Asimismo, criticaron el hecho de que las personas que cuentan con aval deberán tener el beneplácito de las entidades financieras y cobrarlos antes de que éstos caduquen –la mayoría de ellos entre abril y junio de 2009–.