La junta birmana acusa a Naciones Unidas de "falta de imparcialidad"

La junta militar de Birmania acusó de "falta de imparcialidad" a la alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por un comunicado sobre la "catástrofe" humanitaria desatada en el país por la escalada de violencia desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

La expresidenta chilena afirmó el pasado viernes que el Ejército birmano está usando artillería y ataques aéreos contra grupos armados y también contra civiles y mencionó informaciones "creíbles" que acusan a los soldados de usar civiles como escudos humanos.

Algunos de esos ataques han destruido casas, escuelas y recintos religiosos y miles de personas se han visto desplazadas por los conflictos, mientras "el pueblo está sufriendo un impacto grave en sus derechos sociales y económicos", apuntó la comisionada.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores "rechaza categóricamente" las declaraciones de Bachelet por su "falta de veracidad e imparcialidad", publica este lunes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

El gobierno birmano mantiene que el Ejército "desempeña sus funciones para garantizar la seguridad de personas inocentes, la aplicación de la ley y el estado de derecho dentro del marco legal existente", aunque en caso de ser necesario ejerce "el uso mínimo de la fuerza con fines de autodefensa y la máxima moderación".

Exteriores denuncia en su comunicado que los ataques contra las escuelas no los perpetran las fuerzas de seguridad, sino las milicias y seguidores del opositor Gobierno de Unidad Nacional, catalogado como terroristas por la junta militar, y pide a Bachelet que desempeñe sus funciones de manera "justa y parcial".

Tras más de cuatro meses desde el sublevamiento que terminó con la incipiente y joven democracia en Birmania, el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el país a pesar de la brutal represión con la oposición al mando castrense.

Las fuerzas de seguridad han disparado a matar contra los manifestantes pacíficos que reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de sus líderes electos, entre ellos Aung San Suu Kyi.

Al menos 863 personas han perdido la vida a raíz de la violencia desatada por las fuerzas de seguridad, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

Algunos de los manifestantes han decidido tomar las armas contra el Ejército cansados de los pocos avances de las protestas pacíficas; mientras se han abierto o recrudecido a lo largo del país los enfrentamientos entre los militares y grupos rebeldes armados.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.