El PP y la abogada de la activista saharaui Aminatu Haidar, Inés Miranda, coincidieron ayer en que el Gobierno debe asumir sus errores y no cargar sobre las Fuerzas de Seguridad la responsabilidad de su entrada en España, tras ser expulsada de Marruecos.

Ambos respondieron así a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien el viernes indicó que la decisión de permitir el viaje a Lanzarote de Haidar se tomó “en el ámbito de las autoridades de la Policía de Fronteras”.

En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al aclarar que “no hay ninguna autoridad política” que se dedique a autorizar o denegar estos permisos.

El presidente del PP ha considerado “inaceptable” que el Ejecutivo “eche la culpa de sus errores” a los funcionarios de los cuerpos policiales.

Rajoy ha sostenido que la política exterior de Rodríguez Zapatero “está sufriendo un baño de realidad” y se preguntó para “qué ha servido la Alianza de Civilizaciones”, a lo que se ha respondido que “para nada, salvo para que cada vez seamos más irrelevantes”.

La abogada de Aminatu Haidar, Inés Miranda, insistió en que la policía de fronteras no ha sido la responsable de la entrada a España de la activista saharaui, sino su “superioridad”, y que será un procedimiento penal el que determine quién cometió ese delito.

En rueda de prensa celebrada en el aeropuerto de Lanzarote, donde Haidar cumplía ayer su vigésimo séptimo día en huelga de hambre, Miranda rechazó las explicaciones de Rodríguez Zapatero y Fernández de la Vega.

“Aminatu Haidar se encuentra en esta situación exclusivamente por la responsabilidad del Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos, que cometieron un delito de lesa humanidad el 14 de noviembre por deportación”, declaró la letrada.

El presidente canario, Paulino Rivero, censuró que en el caso Haidar no se trabaja, desde el punto de vista diplomático, “con la constancia, intensidad y convicción que el asunto requiere”. “Esto tiene que estar en lo más alto de la agenda de España”, aseveró.

El Ejecutivo ha rebatido las críticas con un comunicado en el que detalla todas las gestiones realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.