Por tercer sábado consecutivo, miles de personas protestaron en Francia contra las medidas adoptadas por el presidente, Emmanuel Macron, para contener la nueva ola de la pandemia, y reunieron a un mayor número de manifestantes que las dos convocatorias anteriores.

Según los datos del Ministerio del Interior, más de 204.000 personas se manifestaron en el país, frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del pasado día 17.

Las manifestaciones se extendieron por numerosas ciudades del país, pero fue de nuevo en París donde fueron más numerosas, con unas 15.000 personas, y también más tensas, puesto que provocaron algunos roces con las fuerzas del orden.

Las autoridades temían que se repitieran una vez más escenas de violencia en las calles de la capital, lo que motivó un despliegue de 3.000 agentes encargados de evitarlo.

En París confluyeron cuatro convocatorias diferentes, símbolo de lo heterogéneo de las reivindicaciones, que van desde movimientos contrarios a la vacunación hasta quienes se oponen a las medidas de Macron.

Estos últimos están siendo canalizados por el ultraderechista Florian Philippot, antigua mano derecha de Marine Le Pen, excluido de su partido y que ha encontrado en esta causa un trampolín de renacimiento político.

Al frente de un movimiento llamado Los Patriotas, el ex diputado europeo considera "liberticida" el certificado sanitario y dictatorial obligar al personal hospitalario a vacunarse.

Philippot se distanció de Le Pen por propugnar la salida de Francia del euro, objetivo que la principal líder de la extrema derecha del país ha abandonado en su programa.

LA EXTREMA DERECHA APOYA

Aunque se ha manifestado en contra del certificado sanitario y de la obligatoriedad de vacunación del personal hospitalario, Le Pen no participa en las manifestaciones.

Pero a través de Twitter aseguró que las manifestaciones deben hacer que el Gobierno rectifique, al igual que el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que consideró el certificado sanitario una "mala idea".

La de Philippot no fue la convocatoria más numerosa de la capital, ni tampoco la que mereció más atención de las autoridades, pendientes de una manifestación con final en la plaza de la Bastilla, que supuso choques con las fuerzas del orden en el momento de la dispersión.

La policía utilizó gases lacrimógenos y un cañón de agua para desalojar la plaza.

Tres agentes resultaron heridos cuando intentaron que elementos violentos abandonaran el recorrido autorizado y recibieron el lanzamiento de objetos.

Preocupaba especialmente que las manifestaciones pudieran llegar a los Campos Elíseos, un barrio blindado por la policía que quería evitar las simbólicas escenas de violencia en esa avenida que durante meses fue el punto de mira de los llamados "chalecos amarillos".

A través de las redes sociales, este heteróclito grupo había apelado a llegar hasta esa zona, lo que motivó preocupación entre las autoridades.

EL CERTIFICADO SANITARIO AVANZA

Las protestas prosiguen en todo el país mientras el Ejecutivo mantiene su plan de contención de la nueva ola, basada en dos ejes, la imposición del certificado sanitario para el acceso a la mayor parte de los lugares públicos y la obligación de vacunarse al personal clínico.

Adoptadas por el Legislativo el pasado lunes, estas medidas deben ser revisadas el próximo jueves por el Consejo Constitucional, antes de entrar en vigor el próximo día 9.

El pase sanitario es obligatorio desde hace unos días para acceder a los centros culturales, pero el Gobierno pretende extenderlo a lugares de ocio, como bares y restaurantes, además de a los transportes de largo recorrido.

El certificado sanitario exige estar inmunizado por vacuna o tener un test negativo reciente.

En cuanto a la vacunación de los sanitarios, un tercio de ellos todavía no han recibido la pauta completa, lo que genera preocupación en el Ejecutivo, porque están en contacto estrecho con los pacientes.