El sector eólico marino ha avanzado a pasos agigantados en la última década en conocimiento y experiencia, incorporando novedades como la tecnología flotante que ha ampliado su alcance geográfico potencial y ha motivado un creciente interés por los promotores para desarrollar proyectos en las costas españolas. Ante esta demanda, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en diciembre de 2021 una hoja de ruta en la que se fija un objetivo de potencia instalada de eólica marina de 1 a 3 GW en 2030, así como las líneas actuación para alcanzarlo, con la necesidad de adecuar el marco administrativo de autorización y de impulso de la inversión. Asimismo, este mismo año, el Gobierno espera aprobar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) como instrumento de zonificación, y ha puesto en marcha una consulta pública para establecer un nuevo marco normativo.
Las cinco grandes organizaciones ecologistas a nivel nacional (5G), Greenpeace España, Ecologistas en Acción, WWF España, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife, remitieron esta semana un documento como respuesta en el que dicen sí a la eólica marina con condiciones, advirtiendo de que este tipo de instalaciones despierta las denominadas posiciones Nimby (Not In My Back Yard, no en mi patio trasero), como evidencian las movilizaciones contra los proyectos previstos en Cádiz, entre las playas de La Caleta, de la capital, y La Costilla, en Rota, o en el Caladero Nacional Cantábrico-Noroeste.
“Para evitar que se reproduzca el rechazo social (...) es necesario incorporar la dimensión social, tecnológica y laboral”, apunta el documento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN. De un lado, defiende que se haga partícipe a la población cercana en la inversión y en la propiedad de los parque eólicos a través de la fórmula de comunidades energéticas y ciudadanas de energía, planteando por tanto iniciativas públicas, público-privadas, público-comunitarias y privados, y anteponiendo empresas de base tecnológica sobre los fondos de inversión; en segundo lugar, se debe primar en toda la cadena de valor el empleo de tecnologías y servicios autóctonos, usando los puertos cercanos para su fabricación, operación y logística; y, finalmente, ha de crearse empleo próximo y de calidad.
En cualquier caso, es preciso, apuntan las entidades, “la compatibilidad de los proyectos con la pesca y acuicultura, el tráfico marítimo, la navegación recreativa, el turismo y el paisaje”. “Han de ser requisitos básicos”, remarcan.
Por ello, reclaman una “evaluación ambiental rigurosa” para garantizar que la presión conjunta de las actividades en el litoral se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado ambiental en relación a la zona donde se desarrollaría y su afección a la salud y resiliencia del ecosistema marino. “Es muy importante -agregan- que la valoración de los posibles impactos sobre avifauna y cetáceos no sea un mero trámite, sino que venga precedido de un estudio de seguimiento exhaustivo, de al menos un año de duración, donde esos efectos se demuestren inexistentes o mínimamente significativos”.
Por último, las cinco organizaciones plantean la creación de observatorios de energía eólica marina para difundir la información y favorecer la formación en este ámbito y un foro ciudadano de participación y consulta a lo largo de todo el proceso de construcción y puesta en marcha de los proyectos.
Piden medidas para que las eléctricas no obtengan beneficios “caídos del cielo”
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuestionó a los grupos ecologistas sobre qué características debe tener un instrumento de apoyo económico a los proyectos de energía eólica marina. Estos plantean una subasta pública de energía en la que primen los proyectos autóctonos de creación de empleo de calidad y que se valore la proximidad y la sostenibilidad. Por otra parte, las cinco organizaciones plantean penalización con la modificación en profundidad del actual sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad para que no sea la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (EDP, Endesa, Iberdrola y Viesgo) quien siga obteniendo “beneficios caídos del cielo de sus activos nucleares y fosilíferos”.
