El consejero de Salud, Jesús Aguirre, niega la mayor. “Es una falacia”, replica a la diputada autonómica de IU Carmen Barranco cuando esta le acusa en el Pleno del Parlamento andaluz este jueves que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no está atendiendo las intervenciones de patologías oncológicas pese al compromiso del Gobierno autonómico cuando en octubre decidió cancelar las intervenciones de otras patologías que no tuviera relación con el Covid. “En solo una semana me han llamado hasta diez pacientes denunciando su situación”, asegura.
“Hay además personas diagnosticadas, con tratamiento asignado, que están viendo canceladas sus terapias”, explica Inmaculada Nieto, compañera de bancada de Barranco. Nieto advierte de que esto “puede empeorar su estado” y, en cualquier caso, “genera una ansiedad” insoportable dada la delicada situación que atraviesan. “Piden tiempo a quienes precisamente lo tienen limitado”, lamentó en su turno de palabra Barranco.
Las representantes de IU coinciden en que es lógico que la pandemia obligue a establecer prioridades en el SAS, pero no comprenden que la Junta “se niegue a fortalecer el servicio”, que es imprescindible, cuando se está produciendo una caída de más del 50% en diagnósticos y detección precoz del cáncer en todas las provincias. Por todo ello, Nieto reclama al Gobierno de Juanma Moreno que planifique la respuesta hospitalaria con la sanidad privada. “El Gobierno autonómico debe disponer de estos recursos”, afirma rotunda. Y muestra su malestar por que en Granada, con las UCI al 60% de su ocupación, “las clínicas privadas seguían con todas las operaciones estéticas previstas programadas”.
“También sigue funcionando en la privada la actividad asistencial habitual mientras que en la segunda ola se ha cancelado en la pública”, señala, por su parte, Socorro Ricoy, ex responsable de las listas de espera de Cirugía ortopédica del Hospital Virgen de las Nieves que denunció a la Fiscalía la desaparición de cientos de pacientes sin haber sido operados durante los gobiernos socialistas.
Al respecto, la doctora, miembro de la junta directiva de la Asociación Justicia por la Sanidad, fundada por el popular médico Jesús Candel Fábregas, Spiriman, subraya “la dificultad para acceder al médico de cabecera y la imposibilidad de derivar a un especialista dado que la mayoría de las consultas se realizan por teléfono, no se puede llevar a cabo una exploración”. Esto conlleva un serio peligro. Pone de ejemplo el caso que tiene entre manos justo cuando contestó a la llamada de este medio, el de un mujer joven que hace solo tres meses tenía un pequeño nódulo en el pecho que ha crecido de tamaño considerablemente sin que haya recibido atención médica.
“Las agendas están cerradas”, asegura. Por eso, añade, no aumentan las listas de espera. Además, en el caso del número de pacientes con más de 60 días de demora, que se ha reducido drásticamente, e incluye primeras citas sujetas al decreto de garantía de plazos, interconsultas y revisiones, “pueden haber sido resueltas por teléfono”.
Rocoy denuncia “otras triquiñuelas” que sirven para manipular las cifras oficiales. Lo ha contado también en su perfil de Facebook. Muestra una solicitud de cita desde Atención Primaria para rehabilitación el 30 de julio. Como las agendas están cerradas, no le dan fecha porque no hay disponible dentro del plazo legal de respuesta de dos meses. “La paciente llama a Salud Responde para interesarse y le comentan que no tienen constancia de ella; esto le hace poner una reclamación y le responden dándole una cita para el 25 de noviembre”, relata. El segundo documento tiene, sin embargo, otra fecha de solicitud, el 5 de octubre, “que es cuando la han registrado e incluidio en la lista de espera”.
“Entre el 5 de octubre y el 25 de noviembre hay 52 días, de manera que la cita entra dentro del plazo y para las estadísticas del SAS consta como que han cumplido con el decreto”, explica. Pero, para la paciente habrán transcurridos 118 días desde que fue derivada al especialista por parte de su médico de cabecera.
Ricoy remarca, igualmente, que este ejemplo pone de manifiesto que las peticiones iniciales (el 30 de julio), permanencen en un cajón y no figuran en lista de espera hasta que no se registran (5 de octubre). “De no haber reclamado, la paciente sigue ahí”, en un limbo administrativo donde hay miles de andaluces.
“Es una forma de manipular las listas de espera de igual calibre a aquellas otras que yo denuncié en su día (y por las que fue condenado el SAS)”, sostiene. Y adelanta que la asociación estudia tomar acciones legales.
Ricoy cuestiona, igualmente, la respuesta de la Consejería de Salud a las listas de espera antes de la pandemia, porque “fue un desastre”, y después, dado que destinó en julio 130 millones de euros para conciertos con la privada que deberían haberse utilizado para “reforzar la Atención Primaria”. “El sufrimiento y el dolor que está ocasionando el coronavirus es impagable, pero tras su paso queda por hacer otro recuento que será difícil de digerir: el de paciente no Covid fallecidos que se atendieron de mala manera o fueron desatendidos”, concluye.
