La provincia encara el final del curso escolar con cierto alivio ante la reducida incidencia del coronavirus en las aulas. De acuerdo a los datos de la Consejería de Educación, esta semana solo se contaba un centro cerrado en Huelva y 61 clases en el resto de la comunidad. Cádiz únicamente tenía afectadas once de 11.123, el 0,09%. Ha sido la tónica general. Fuentes de la Delegación Territorial han mostrado “satisfacción contenida” ante los resultados del primer trimestre, pero no dudan de que “los protocolos preventivos han funcionado” y valoran, igualmente, el “trabajo de los equipos directivos, coordinadores Covid y, sobre todo, la coordinación entre los expertos de Salud y Educación”.
Leticia Vázquez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cádiz (Fedapa), también se felicita por la capacidad de la comunidad educativa de afrontar el reto del nuevo curso en plena pandemia y tras el confinamiento duro, destacando especialmente el papel de las familias y los niños, “que han sabido estar a las alturas” pese a no contar siempre con información suficiente por parte de la Administración autonómica y encontrar disparidad de criterios al abordar los positivos. “Nos hemos resignado”, admite, ante las instrucciones de la Junta, “pero hemos sufrido nervisismo y confusión”.
El miedo al coronavirus ha condicionado a las familias y el desarrollo de las clases. Si bien el temor a que se disparara el absentismo vinculado a la pandemia se ha diluido conforme pasaban los días, según explica Moisés Martín, delegado de Ustea en Cádiz, la semipresencialidad ha sido la modalidad educativa elegida en Cádiz en los niveles en las que se ha ofrecido “porque las administraciones no han garantizado la seguridad en los centros desde el principio”. De hecho, la organización sindical ha denunciado que la Junta ha obligado a incorporarse a personal vulnerable, al ser catalogado con “nivel de riesgo uno”. Asimismo, ha lamentado que el profesorado de refuerzo Covid ha ido llegando a los centros una vez empezado el curso escolar y después de que la comunidad educativa lo exigiera ante las ratios ilegales de alumnos por clase y falta de otras medidas de prevención.
Javier Fernández Franco, presidente del comité andaluz de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), agradece, en un tono más conciliador, el papel tanto a los equipos directivos, “que han asumido una responsabilidad enorme” y han reorganizado horarios, contenido curricular y evaluación con agilidad, como el del Ejecutivo andaluz, que “ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario de la historia”. “Con las consecuencias de la crisis sanitaria, la Administración se ha dado cuenta de que hacían falta más recursos; ahora toca que los recursos extraordinarios se conviertan en ordinarios”, reflexiona.
Sean más o menos fondos, el debate, antiguo pero reabierto en las últimas semanas con mayor virulencia, es el destino de los mismos. La Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz, con representantes de ANPE, CCOO, CGT, Csif y Ustea, ha advertido de que en este curso se han suprimido 568 unidades públicas en Andalucía (35 en educación infantil en la provincia y otras 86 en primaria) y la intención es recortar nuevas unidades para el curso próximo. Además, el nuevo decreto de escolarización, denuncian en un comunicado, “supone el refuerzo de los centros privados concertados al adscribirse entre ellos el alumnado de Secundaria a estudios posteriores de Bachillerato en centros donde no existan estas enseñanzas”. Esto, auguran, se traducirá en más recortes en las enseñanzas no obligatorias de Bachillerato y FP, con la creación de nuevas unidades para la enseñanza privada concertada, por lo que han presentado un recurso de alzada contra el decreto.
Al mismo tiempo, la concertada se siente agraviada igualmente y este domingo volvieron a manifestarse en Almería, Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Jerez, Málaga y Sevilla para frenar la Ley Celaá, que consideran sectaria y un ataque sin precedentes al derecho a elegir de los padres avalado por Naciones Unidas y el artículo 27 de la Constitución. La responsable de Feuso Andalucía, María de la Paz Agujetas, ha advertido que afecta a todos los niveles, y ha alertado esta semana que “pondrá en serio peligro a casi el 70% de los centros de educación infantil de 0 a 3 años, con la destrucción de 10.000 puestos de trabajo en la región porque deja clara su preferencia por los centros públicos, señalando al resto de centros adheridos y autorizados como redes de apoyo auxiliares prescindibles allá donde no sean necesarios para completar la oferta de plazas que tenga la pública”.
