La proposición no de ley del PSOE en el Congreso de los Diputados que pide penas de prisión de entre tres meses y un año y la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años para quienes “obstaculicen el derecho al aborto” ha reavivado las hostilidades entre las asociaciones provida y los colectivos feministas, cuya guerra, según la iniciativa socialista, es una constante desde la despenalización en tres supuestos en 1985. El texto subraya que toda mujer tiene derecho a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo con todas las garantías jurídicas. Sin embargo, un 89% de quienes acudieron a abortar se han sentido acosadas y un 66%, amenazadas, según la encuesta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrumpción del Embarazo (ACAI). El PSOE también indica que el Defensor del Pueblo inició en 2018 una actuación tras recibir una queja en este sentido.
Precisamente la Asamblea Feminista Las Tres Rosas de El Puerto acaba de formular otra en el ámbito regional por “el hostigamiento” a las mujeres que se desplazan a la clínica Poliplanning, autorizada por la Junta para la interrupción del embarazo de bajo riesgo, hasta las 14 semanas, y de alto riesto, hasta las 22 semanas por causas médicas, “por parte de ultracatólicos” de la Asociación Cultura para la Vida.
Activistas de la organización provida, cuyo local comparte pared con el centro médico en la populosa calle Santa Lucía, niegan la mayor y aseguran que se limitan a rezar y, en casos puntuales, y siempre a iniciativa de las afectadas, informan de alternativas para tener a los bebés. El cruce de acusaciones es permanente pero se intensificó tras la propuesta de Vox en el Pleno municipal para destinar 100.000 euros para “la difusión de reportajes audiovisuales reales y sin censura, y conferencias y/o coloquios sobre el aborto” y “un servicio de información y asesoramiento para quienes lo requieran”, y los tensos episodios en los que integrantes de Las Tres Rosas han retirado carteles en los que, denuncian, juzgan a quienes “deciden libremente interrumpir el embarazo”.
“Solo rezamos e informamos para salvar el embarazo”
El jueves de la semana pasada, AcTÚa Familia organizó en Málaga la primera de las concentraciones por “la vida y la libertad” y en contra de la iniciativa del PSOE para imponer penas de hasta un año de cárcel a “quienes ostaculicen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. El isleño Pedro Mejías, responsable de la plataforma, prepara una convocatoria similar en Cádiz.
“No tengo claro si será frente a la sede provincial de los socialistas en la plaza San Antonio, en la capital, o a las puertas del abortorio de El Puerto (en referencia a la clínica Poliplanning, autorizada por la Junta de Andaucía)”, explica. Pero, remarca, “reivindicaremos la libertad de expresión que quiere arrebatarnos el Gobierno de Pedro Sánchez”. Mejías, que también se ha apostado para rezar frente al centro médico junto a integrantes de la Asociación Cultura para la Vida, defiende el derecho a a informar a las mujeres sobre riesgos y alternativas.
“Hay algunas embarazadas que no quieren saber nada de lo que le contamos, pero otras admiten que lo hacen empujadas por su entorno, la pareja o la propia familia”, apunta. Y subraya que “procedemos con respeto, nunca hemos insultado a nadie, pero nos encontramos con rechazo y odio por parte de sectores politizados”.
En este sentido, refiere el episodio reciente en el que activistas de la Asamblea Feminista Las Tres Rosas arrancaron los carteles colgados por la asociación provida en el entorno de la clínica. El máximo responsable de AcTÚa Familia indica que, en ocasiones, “repartimos tarjetas con la información de contacto de Red Madre” para que sigan adelante con la gestación o de algunos de los otros proyectos que hay en la provincia para dar alternativas. “No somos rescatadores, aunque hemos conseguido que alguna mujer desista de su intención inicial, como Lara, con sus padres en contra de que naciera el bebé en principio, aunque hoy todos quieren al niño”, relata. La organización lleva a cabo, además, dos vigilias durante cuarenta días en Cuaresma y Adviento.
“Solo queremos ayudar a estas mujeres, que sufren a veces consecuencias terribles después de abortar, con tendencias suicidas incluso por el vacío tan grande que sienten y que desconocen las consecuencias de llevar a cabo la interrupción del embarazo”, apuntan, por su parte, fuentes de la Asociación Cultura para la Vida. “El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere amordazar”, lamentan, pero advierten de que “no lo vamos a consentir”.
“Las mujeres tienen que sufrir que las señalen y las juzguen”
Irene Arana, integrante de la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, asegura, sin atisbo de duda, que el PSOE “se queda corto” con la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados para garantizar la integridad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo libremente. “La asistencia médica debería ofrecerse en la sanidad pública en lugar de derivar a las embarazadas a la sanidad privada”, apunta, de entrada.
Pero, además, plantea tolerancia cero con el machismo, “que se cuela por las grietas de la práctica” de los derechos. “Con el aborto pasa lo mismo que con la violencia de género, mucha teoría pero quienes acceden a la clínica Poliplanning tiene que soportar a una persona que permanece justo a la entrada del edificio, a todas horas, observándolas, mientras rezan y la juzgan”, denuncia. La queja presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz insiste en estos argumentos.
“Nos resulta del todo intolerable que en una de las pocas clínicas de la provincia de Cádiz que tiene convenio con la Junta de Andalucía para realizar de forma gratuita la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres que acudan a la misma tengan que soportar a personas que intimidan el ejercicio de su derecho”, explican. “Sabemos el malestar que causa en las mujeres que acuden el señalamiento que supone la presencia de estos grupos a las puestar de los grupos a las puertas de la clínica presionando (con la entrega de folletos y la colocación de cartelería) para que no se ejerza libremente este derecho”, añaden. Arana advierte de que la Asociación Cultura para la Vida cuenta con el respaldo del Ayuntamiento.
“Vox no entró en el Gobierno, pero es evidente que desde el PP se les están haciendo muchísimas concesiones y que se llevan extremadamente bien. El PP está más a la derecha que nunca”, explicaba Marta Güelfo a El Puerto Actualidad en noviembre de 2019. Entonces, la organización feminista logró frenar la moción de la formación de extrema derecha para destinar 100.000 euros a la puesta en marcha de un servicio de información y asesoramiento permanente para no abortar. “Las mujeres que han decidido poner fin a la gestación no necesitan ayuda por parte de estos grupos ultracatólicos ni que un desconocido las haha sentir incómodas y juzgadas, no necesitan que las hagan creer que están haciendo algo malo”, sostiene Arana, quien insiste en que “la mejor forma de evitar este tipo de prácticas es garantizando el derecho al aborto en los hospitales públicos”.
