El fin de las restricciones ha devuelto a Cádiz a las cifras de desempleo anteriores a la pandemia, con casi 15.000 parados menos solo en el mes de junio, con el inicio del verano. Pero las secuelas del confinamiento duro y meses de actividad condicionada para evitar los contagios por coronavirus pasan factura al tejido productivo de la provincia.

En el primer semestre se ha disparado la sangría empresarial, según los datos facilitados a INFORMACIÓN por Informa D&B, filial de Cesce, y responsable del Estudio sobre Concursos y Disoluciones.

Entre enero y junio de este año, la provincia ha registrado 25 concursos, dos tercios del total contabilizado en 2020. El último ejercicio se saldó con 38, solo ocho menos que en 2019. El comercio y la hostelería, con seis consignados en cada categoría, son los sectores más afectados. En Andalucía, la tendencia es similar, con 269 en solo seis meses, frente a los 375 de la pasada anualidad. La mayor incidencia se observa en el comercio la hostelería (58), el comercio (48) y la construcción y actividades inmobiliarias (48). 

En cuanto a las disoluciones, Cádiz acumula en el primer semestre 225, dos tercios igualmente de todos las que se produjeron en 2020, 332, y el 60% de las llevadas a cabo en 2019, antes de la irrupción del coronavirus. Construcción y actividades inmobiliarias anotan 62; comercio, 42; y, en tercer lugar, hostelería, 21. En el conjunto de la región, se han producido 2.091 disoluciones en seis meses, frente a las 3.158 durante el primer año de pandemia y 3.447 en 2019.

La situación puede ser más grave aún cuando finalicen las medidas de apoyo a las empresas con dificultades y para el mantenimiento del empleo. Según el análisis realizado por Informa D&B, la provincia cuenta con 485 sociedades zombis, bien porque no son capaces de cubrir sus gastos financieros con sus resultados, o bien porque están inscritas en el Registro Mercantil pero no desarrollan actividad comercial o, más específicamente, no publican sus cuentas. En Andalucía el número asciende hasta las 4.451.

La Administración central tiene a estas empresas en el punto de mira a raíz de la crisis económica provocada por el Covid-19, por un lado, para excluirlas de la asignación de subvenciones y, por otro, para que no se utilicen con fines delictivos.