Las trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada protestan frente a la sede de la institución en un "encierro al aire libre", como medida de presión para que se paralicen los 24 despidos que tiene previstos la Delegación de Familia y Bienestar Social para el 31 de diciembre.
Según recuerdan en un comunicado, el pasado 21 de diciembre se planteó en el pleno provincial una moción en defensa de los Servicios Sociales Comunitarios aprobada por unanimidad y en la que se pedía expresamente que "el equipo de gobierno se siente y negocie con sindicatos y personal de Servicios Sociales Comunitarios". Asimismo se recogía en dicha moción que en el presupuesto de 2013 de la corporación se reflejase económicamente "el compromiso por parte de esta institución en salvaguardar la red de Servicios Sociales en la provincia con todas sus profesionales".
Sin embargo, según censuran, en el pleno provincial celebrado este jueves 27 de diciembre se aprobaron unos presupuestos "en los que se incluyen unos recortes de más de cinco millones de euros en materia de personal, no reflejando el compromiso adquirido en el anterior pleno de salvaguardar la red de Servicios Sociales en la provincia con todos sus profesionales".
Se quejan, además, de que el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez (PP), pretende implantar "la caridad y beneficencia" en sustitución de los derechos esenciales del estado de bienestar. "Cada vez que un profesional de los servicios sociales comunitarios deriva a una persona hacia organizaciones caritativas, supone un fracaso de los responsables de la política social. Estamos asistiendo a un desmantelamiento del sistema social público con la crisis como excusa, suponiendo una tragedia social para la provincia, ya que no se limitará al despido de trabajadores, sino que afectará a miles de familias que se quedarán sin asistencia", señalan.
Las trabajadoras instan a los responsables de Diputación de Granada a seguir la línea del resto de administraciones locales andaluzas sumándose al cese de los despidos. "Igualmente hacemos un llamamiento al resto de administraciones competentes en esta materia (Gobierno central y Junta de Andalucía) para que asuman su compromiso en materia de financiación de Servicios Sociales", concluyen.