El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Diputación granadina por supuestas irregularidades del anterior equipo de gobierno provincial (PSOE-IU) en la gestión del proyecto Magrec.
Así lo han anunciado este miércoles la diputada de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, y el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, quienes afirman que el proyecto Magrec se enmarca en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada con la imputación de 14 personas, entre ellas el exvicepresidente de Diputación Julio Bernardo (IU).
Según informan estos dirigentes en un comunicado, en ambos casos, el noventa por ciento de la inversión y el gasto tenía que hacerse en territorio europeo y tan sólo el 10 por ciento en zona marroquí. De hecho, el presupuesto de Magrec fue de 898.000 euros, de los que 67.000 se debían haber destinado a inversiones en Marruecos, aunque "las facturas adjuntadas en la denuncia de la Diputación Provincial suman 210.000 euros superando el umbral de inversión permitido".
"Trabajos científicos fueron encargados a autónomos que en algún caso no reunían los requisitos y se daban de alta un día después de la facturación por haber realizado los trabajos encargados, se invirtió en aulas rurales cuyo propietario no se conoce y saltándose las normativas previstas, al igual que en la Torre de la Kasbah o en el realquiler de una propiedad en Chaouen por 1.073 euros mensuales", añade la nota.
Desde Diputación mantienen que fue la actual portavoz del grupo de IU en la institución, María Asunción Pérez Cotarelo, diputada de Cultura en el anterior equipo de Gobierno, la encargada de gestionar este alquiler que se hacía a su vez a través de una empresa de la provincia.
Asimismo, y según ha informado Sádaba, se hicieron trabajos en la Torre de la Kasbah que, siendo propiedad del Ministerio de Cultura de Marruecos, "no se pone a disposición de la Diputación de Granada".
"De entrada, hay seis empresarios imputados para cuyas declaraciones se han tramitado exhortos a juzgados de Alcalá de Henares y Móstoles, y posteriormente el Juzgado podría continuar tomando declaración a las personas imputadas en el caso Mercamed o a algunas de las personas incluidas en la denuncia de la Diputación como es la portavoz de IU en la Corporación Provincial", ha añadido.
Ha sido esta misma semana cuando la Diputación ha tenido conocimiento de que la denuncia que presentó en relación con el proyecto Magrec ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. Esta denuncia fue presentada anteriormente como ampliación de denuncia del caso Mercamed en el Juzgado de Instrucción número 6, que "no la admitió a trámite en diciembre del año pasado para evitar la indefensión de los ya imputados".
En cualquier caso, son "unos hechos similares a los que se han venido produciendo en el proyecto Mercamed" los cuales "pueden tratarse de distintas irregularidades en la concesión ilícita de contratos a personas que pudieran verse favorecidas por cierta amistad o cierto interés en que desarrollaran ellos las acciones e incluso el no desarrollo de algunos trabajos tal y como hemos aportado en la denuncia", ha indicado la diputada provincial.
"Este equipo de Gobierno tiene el deseo de estar insobornablemente al lado de la verdad", ha señalado a este respecto el portavoz José Torrente denunciando la "tropelía contra la legalidad vigente" de los responsables de la anterior corporación provincial.
Esto ha derivado, según ha dicho, en "un vicepresidente imputado que lo puede ser por doble constancia" y la admisión a trámite de la denuncia "contra la actual portavoz de IU, también concejala de Cúllar Vega y que es diputada provincial".
"En IU hoy tragan con los ERE en la Junta de Andalucía, y callan y tragan también con estos compañeros imputados en Granada", ha concluido el portavoz del equipo de gobierno provincial, que ha hecho hincapié en el "silencio" del PSOE de Granada, que presidía el Gobierno de la Diputación.
