La crisis favoreció un descenso de la delincuencia cometida por menores en la provincia de Granada durante 2012, según ha informado el juez de Menores Emilio Calatayud, que sin embargo ha aludido a un aumento "alarmante" de los casos de malos tratos a los padres y de los delitos relacionados con la grabación de imágenes vejatorias a través del móvil y su exposición en Internet.
A preguntas de los periodistas tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta para favorecer la reinserción de menores infractores, Calatayud ha explicado que el pasado año fueron dictadas 750 sentencias contra menores frente a las más de 800 del año anterior, mientras que en 2006 se registraron más de un millar de asuntos anuales.
El juez granadino atribuye este descenso a la crisis, que ha favorecido un mayor control por parte de las familias a los menores y que éstos regresen a la escuela ante la imposibilidad de acceder al empleo en sectores como el de la construcción. "Fue una época muy dura cuando los jóvenes dejaban la escuela y se iban a la obra y ganaban 1.300 euros, eso eran bombas de relojería", ha asegurado Calatayud.
Aunque los datos arrojan un descenso generalizado de las infracciones cometidas por menores en 2012, sí se ha registrado un aumento de los casos de malos tratos a los padres. De hecho, entre el 20 y 25 por ciento de los juicios que se celebran en el Juzgado de Menores de Granada es debido a esta causa.
También se han incrementado los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, especialmente los relacionados con la exposición en Internet de imágenes vejatorias sobre terceras personas que son grabados a través de los móviles.
De hecho, Calatayud ha advertido a los padres del "peligroso" instrumento que puede ser para un menor de corta edad contar con móviles de última generación que favorecen la "adicción" a su uso y la posibilidad de cometer con "gran facilidad" delitos que atentan contra el honor de las personas.
A su entender es una "barbaridad" que estos aparatos puedan entregarse a los niños como un regalo el día de su Comunión y ha abogado por que se creen móviles cuyas aplicaciones se incluyan en función de la edad del usuario.
CONVENIO
Estas declaraciones se producen después de que la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, y el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, hayan firmado este miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de favorecer la reeducación y la reinserción de menores infractores a través del desarrollo de las medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados.
Según el acuerdo, el consistorio elaborará un catálogo de posibles actividades a realizar en locales municipales y la Junta trasladará a los juzgados las posibles medidas a desarrollar por los menores.
Ambas instituciones harán el seguimiento directo de las medidas, que van desde la limpieza de grafitis hasta la colaboración en centros de salud, pasando por la recogida del botellón o el acompañamiento a personas mayores.
Las medidas judiciales tienen como finalidad educativa el reconocimiento del daño causado, de manera que el menor asuma su responsabilidad y pueda resarcir, de alguna forma, a la sociedad. La delegada del Gobierno ha asegurado que los recursos desarrollados y coordinados por la Junta, cada vez más orientados a la intervención individual y a la especialización de los profesionales, hacen posible que actualmente más de un 80 por ciento de estos jóvenes logren reinsertarse con normalidad y no reincidan.
Sánchez ha resaltado la importancia de la implicación de los ayuntamientos para impulsar la ejecución de estas prestaciones de los menores infractores en beneficio de los municipios donde residen y la realización de actividades reparadoras a favor de su población.
En concreto, la Consejería de Justicia e Interior ha renovado convenios con 25 municipios granadinos que ya colaboran en la ejecución de estas medidas y otras 40 localidades se han sumado ya esta iniciativa para la reeducación de menores. En total, son 65 los ayuntamientos granadinos que colaboran con la Junta en la reinserción y reeducación de los menores.
Sánchez ha recordado también que el Consejo de Gobierno acordó ayer destinar 22,26 millones de euros hasta 2017 al nuevo modelo integral para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto que los juzgados imponen a los menores infractores.
El Consejo de Gobierno ha autorizado las contrataciones provinciales de este servicio, que hasta ahora prestaban de forma no unificada diversas entidades privadas sin ánimo de lucro. Se reforzará así su enfoque integral para mejorar la labor de reinserción que desempeña, además de favorecer un ahorro que la Consejería de Justicia e Interior prevé en unos 5,9 millones de euros durante los próximos cuatro años.
De acuerdo con la autorización aprobada, el nuevo servicio estará formado por un grupo de profesionales titulados en Derecho, Psicología y Trabajo Social, que se ocupará de facilitar a los menores el desarrollo de las medidas en medio abierto. Entre otras, destacan las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas, así como las relativas a libertad vigilada, permanencia en fin de semana y tratamiento ambulatorio, si bien no se incluyen las de asistencia a centro de día y convivencia en grupo educativo.
La unificación en el ámbito provincial evitará intervenciones parceladas y garantizará la continuidad e inmediatez en la actuación de los profesionales, así como un tratamiento más personalizado, una atención más especializada y una mayor precisión el objetivo esencial de favorecer la integración social.
El modelo, que también incrementará la agilidad, eficacia, calidad y optimización de recursos, sustituirá al de 'equipos de medio abierto' que se ha venido desarrollando desde la entrada en vigor hace doce años de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5 /2000.
