El PP ha reclamado la dimisión "inmediata" de la concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), Sonia Raquel Canalejo (PSOE), después de que la Audiencia Provincial de Granada haya ratificado su condena por la agresión a una vecina de la localidad.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Fe, Juan Cobo, ha censurado en un comunicado los hechos al tratarse de una condena contra una representante pública, concejal de Bienestar Social y secretaria de organización del PSOE local, "alguien de quien se espera un comportamiento ejemplar", ha advertido.
Cobo ha reprochado al teniente de alcalde de la localidad, José María Aponte, el no haber actuado contra la concejal cuando se produjo la primera sentencia, "amparándose en que no era firme", a pesar de tratarse de un hecho "intolerable y especialmente grave", según ha recalcado, por afectar a la responsable de Bienestar Social del municipio.
A juicio de Cobo, cuando Aponte relacionó esta denuncia de una vecina con las interpuestas por el PP "por el desgobierno del municipio", contra él mismo y el alcalde, Sergio Bueno, "estaba burlándose de los santaferinos y mostrando una peligrosa falta de sensibilizar al amparar a alguien que había agredido a una vecina del municipio".
"Aponte frivolizó con este incidente al pretenderlo hacer pasar por una cuestión política", ha declarado Cobo, "por lo que la ratificación de la sentencia no sólo debe implicar la salida de la concejala del gobierno municipal, sino, en un ejercicio de responsabilidad, que Aponte pidiera públicas disculpas a todos los vecinos de Santa Fe", ha argumentado.
Por su parte, la secretaria general del PP de Granada, Luisa María García Chamorro, ha criticado "la doble moral" del PSOE, al considerar que "ve siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y que siempre guarda silencio cuando se producen casos que les afectan."
Así, García Chamorro ha pedido a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, "que dé la cara y ordene la destitución inmediata de Sonia Raquel Canalejo, tanto de sus cargos públicos como de los orgánicos "puesto que alguien que actúa así no pueden tener cabida en la vida pública, política e institucional".
La agresión por la que la concejala ha sido condenada se produjo en febrero de 2011 en el transcurso de una reunión de la Junta General Ordinaria de una comunidad de vecinos de un inmueble de Santa Fe.
